«El valenciano será la lengua de uso general y destacado de la administración, tanto en la atención al público como en la imagen institucional, el trabajo interno y las comunicaciones con la ciudadanía». De este modo se reafirmó el pasado mes de marzo la conselleria de Educación y Cultura frente a las críticas del Consell Jurídic Consultiu respecto al borrador del decreto que ayer aprobó el gobierno valenciano sobre el uso de la lengua propia. Unos avisos que envió el órgano consultivo y que a tenor de lo expuesto ayer, han sido escuchados en parte.

Al menos en lo referente al uso de valenciano por parte de los altos cargos. El Jurídic instó en un informe al que tuvo acceso Levante-EMV a suprimir este apartado al entender que se trataba «de una imposición formulada de forma individualizada a personas físicas». Ahora, el Ejecutivo liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra ya no «obliga» a usar la lengua propia, sino que velará porque se «procure» utilizarla. La vicepresidenta del Consell indicó ayer en la presentación del decreto que los altos cargos que no sepan valenciano «no pueden». «Procurarán aquellos que puedan, el que no, pues no».

En lo referente a otras de las observaciones que hizo el Jurídic no se ha dado tanto pábulo. Por ejemplo, en la preferencia al valenciano en el trato de la Administración con la ciudadanía. El órgano consultivo destacó que el Consell debía evitar términos que puedan «inducir a confusión en la necesaria paridad jurídica de ambas». Proponía que el artículo (sobre el uso general del valenciano) eliminara que esta lengua será la «destacada» en la Generalitat. «El derecho de preferencia lingüística la ejerce el ciudadano y es la Administración la que debe adaptarse». Según lo anunciado ayer, las notificaciones y comunicaciones se realizarán en valenciano, cuando se remita a residentes en territorios de predominio lingüístico valenciano, y en castellano cuando lo solicite el destinatario.

34 años de espera

El pleno del Consell aprobó ayer este decreto que busca «garantizar» los derechos lingüísticos de los ciudadanos, reconocidos en el Estatut d'Autonomía y en la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Ús i Ensenyament del Valencià.

Con respecto a los usos internos, las actuaciones administrativas internas se redactarán en valenciano, el material de ofimática se adaptará, si es posible, para que funcione en valenciano, mientras que el software elaborado o encargado por la administración se creará en valenciano. Un punto que ha provocado distintas reacciones, unos aplaudiéndola y otros más reticentes.

En este sentido, CSI·F lamentó ayer «falta de diálogo» del Consell al «imponer» el decreto a los empleados públicos y anunció que sus servicios jurídicos analizarán «si vulnera derechos» de los trabajadores. Por su parte, para Acció Cultural del País Valencià se trata de «un paso muy positivo que permite avanzar en la dirección de la igualdad lingüística».