El accionista de Hawkers que desató la polémica hace unos meses por aparcar su Ferrari en la zona reservada para personas con movilidad reducida en el centro comercial de L'Aljub se enfrenta ahora a una condena de cinco años de prisión por participar en varias carreras ilegales.

El fiscal ha solicitado la pena máxima de cárcel para Javier Martínez y para otro de los acusados por estos hechos, que datan del 2013, ya que ambos tienen antecedentes por delitos de conducción temeraria.

Para los otros cuatro acusados, el Ministerio Público solicita una pena de tres años y medio de prisión. Todos ellos se enfrentan a un presunto delito de conducción temerario con manifiesto desprecio por la vida de los demás. Una calificación mayor de los dos años de arresto que el fiscal pedía inicialmente, y que elevó el martes, tras el visionado de unos vídeos que se colgaron en la red y que fueron los que dieron pie a la investigación que asumió el Juzgado de Instrucción número 2 de Elx.

La primera parte del juicio sirvió para que la sala visionara estos vídeos y se tomara declaración a los seis acusados, entre los que se encuentra Javier Martínez, accionista de la compañía ilicitana de gafas de sol. El próximo mes de junio se tomará declaración a los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación y a los demás testigos.

A los seis jóvenes se les acusa de participar en varias carreras ilegales en vías urbanas e interurbanas de Elx, Albacete, Almansa y Alcalá del Júcar, «conduciendo a grandes velocidades y conduciendo de forma notoriamente irregular», según recoge el fiscal en su escrito.

Para ello, los seis acusados empleaban, según el Ministerio Público, coches de alta gama, como los BMW M3 y el Aston Martin que, presuntamente, conducía Javier Matínez. En todos los casos, se excedería la velocidad permitida, sin respetar la señalización vigente, efectuando trompos, derrapes, conduciendo en zig-zag e invadiendo el carril contrario, tanto en líneas rectas como -más preocupante aún- en curvas y cambios de rasante con escasa visibilidad.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide multas que pueden oscilar entre los 12 y los 24 meses. El importe en estos casos oscila entre los 10 y 15 euros diarios, pero, a tenor del elevado poder adquisitivo de la mayoría de los acusados, la pena podría doblar esta cantidad, por lo que se enfrentan a multas de hasta 22.000 euros. El fiscal solicita, además, la retirada del carné de conducir durante cinco años. Un permiso que en todo caso quedaría invalidado, por lo que deberían volver a examinarse de forma reglamentaria para recuperarlo.

Esta vez, no obstante, no había ni rastro del Ferrari que aparcó en la plaza para personas con discapacidad en febrero de este año «para que no le rallaran las puertas», según explicó él mismo entonces en las redes sociales y como se puede ver aquí: