El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar del decreto de enseñanza plurilingüe del Consell del Botànic a instancias de la Diputación de Alicante gobernada por el PP.
El auto de medidas cautelares llega cuando ya ha empezado el proceso de admisión en los colegios públicos y concertados para el próximo curso, lo cual augura una multitud de demandas de los padres que les adjudiquen una plaza en el modelo plurilingüe que no han elegido para sus hijos.
El Programa Educativo Plurilingüe Dinámico (PEPD) diseñado por la Conselleria de Educación que va a comenzar a aplicarse a partir de septiembre en los tres cursos del ciclo de Infantil (3-5 años) quedará congelado si no prospera el recurso que ya anunciado la Generalitat contra la medida cautelar.
Los padres de los niños de 3 años (nacidos en 2014) que están presentando desde este lunes y hasta el próximo día 29 la solicitud de plaza para sus hijos lo hacen un programa lingüístico que no se va a impartir, ya que la paralización del decreto significa volver a la doble línea en valenciano y castellano.
«Hasta que recaiga sentencia»
El auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo acuerda la medida cautelar de suspensión del nuevo modelo lingüístico educativo valenciano para la enseñanza no universitaria «hasta que recaiga sentencia», lo que supone paralizar sine die la línea única estructurada en tres niveles según la mayor carga docente de valenciano e inglés.
Los magistrados, aunque no entran en el fondo, determinan «la imperiosa necesidad (o al menos conveniencia)» de acceder a la medida cautelar solicitada porque «un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas». «Pese a lo que alega el letrado de la Generalidad, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles Básico, intermedio y avanzado», reza el auto.
El tribunal también destaca que el recurso al decreto de plurilingüismo no lo presenta un particular o asociación de padres de alumnos sino una Administración, aunque no entran a valorar que las diputaciones carecen de competencias en educación
La diputación antes que el Consell
Los magistrados admiten que «no es frecuente que una Administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho». Por ello, prosigue, «la Sala tiene en consideración esta circunstancia y aprecia que, si bien se presume el interés público en la administración de la Generalidad demandada y en el Decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la administración alicantina recurrente». En este punto, los magistrados entienden que en este momento procesal, «sin perjuicio de lo que se resuelva en su día en la sentencia», «debe prevalecer el interés, también público, que defiende la diputación».
El auto judicial se basa en la diferencia en las acreditaciones de conocimientos de idiomas. Sin embargo, el decreto de plurilingüismo no prevé ninguna certificación de conocimiento de idiomas en la etapa de Infantil, que es en la que empieza a aplicarse el próximo curso.
Las primeras acreditaciones no se producirán hasta junio de 2024, dentro de siete años cuando los alumnos que hayan cursado y aprobado los seis cursos de Primaria en el nivel Avanzado podrán acreditar automáticamente el nivel A1 de Inglés y A2 de Valenciano.
Los que estudian en los niveles básicos e intermedios, con más carga en castellano y menos valenciano e inglés, también podrán acreditar su nivel de idiomas pero lo harán a través de una prueba organizada por la conselleria. Además, el nuevo currículo de Primaria permite que estos centros puedan destinar las nuevas 2 horas y media semanales de libre disposición a aumentar la docencia en inglés.
El ministerio no recurrió
Estos dos argumentos, junto a la recomendación de la conselleria de que en los niveles con más valenciano además de vehicular en español la asignatura de Lengua Castellana se imparta también una asignatura troncal en este idioma (Matemáticas, Sociales o Naturales), fueron los que convencieron al Ministerio de Educación a no recurrir el decreto de Plurilingüismo.
El presidente de la diputación alicantina, César Sánchez, lamenta que el Consell ataque «una lengua, la española, hablada por más de 500 millones de personas en el mundo». Nada obliga en el decreto a los colegios a escoger los niveles con menos castellano.
