Muy claro debía tener el presidente de la Generalitat Francisco Camps que la Fórmula 1 se iba a celebrar en València porque ya preparó toda la infraestructura legal para que la asignación de recursos fuera lo más rápida posible. Incluso pasando por encima de los parámetros legales o razonables a un proyecto que sólo en infraestructuras costó 90 millones de euros de dinero público con 16,7 de sobrecostes.
El propio jefe del Consell firmó de su puño y letra un decreto el 14 de marzo de 2017 en el que ordenaba a la Conselleria de Infraestructuras «el desarrollo de las actuaciones necesarias para ejecutar las infraestructuras de conexión necesarias, así como los equipamientos e instalaciones necesarios para realizar» el circuito urbano que acoja la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1. El contrato que certificó esta situación y que supuso el visto bueno de Bernie Ecclestone no se rubricó hasta el 1 de junio, casi cuatro meses después.
Esta posible irregularidad fue denunciada por el PSPV en una querella contra el propio Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a pocos días de las elecciones de 2015 y tras denunciar la Fiscalía Anticorrupción en el mismo juzgado la compra con dinero público de la empresa privada Valmor, la compañía que gestionó los derechos del Gran Premio de automovilismo. Posteriormente y tras dejar los denunciados de ser aforados, sendas querellas pasaron a investigarse en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia.
Esta querella de los socialistas ha sido la que ha motivado la investigación de la Fiscalía Provincial de Valencia que, el pasado lunes, envió a la Guardia Civil a la Conselleria de Vivienda para incautarse del expediente del proyecto del circuito urbano de Fórmula 1.
Los agentes también solicitaron toda la documentación que obrara en las dependencias públicas de un viaje a Dubai y Bahrein del exconseller popular Mario Flores y de su número dos en la conselleria, Victoriano Sánchez Barcaiztegui, entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2008.
Concretamente el expediente requisado por la Guardia Civil sobre el proyecto del circuito también tiene alguna particularidad que fue denunciada en la querella socialista que firmó el actual síndic en las Corts Manuel Mata.
Mientras el contrato de la Fórmula 1 se firmaba en Londres el 1 de junio de 2007, solo cinco días después de las elecciones autonómicas en las que Francisco Camps arrasó, el procedimiento ya estaba en marcha. Tanto que, diez días después, el 11 de junio la Generalitat hacía público que las ingenierías Typsa y Ayesa se habían hecho con el contrato de 2,5 millones de euros ante otras siete ofertas. Curiosamente la adjudicación no se publica en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana hasta el 2 de octubre de 2007.
La Generalitat vendió el proyecto de estas ingenierías que concurrieron en UTE como el mejor porque fueron los mismos que diseñaron el circuito de motociclismo de Jerez.
Ahora, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil quieren conocer todo el procedimiento de adjudicación, así como el posterior desarrollo del diseño del circuito que enlazaba la Alameda, la Avenida de Francia y el Puerto y que también supuso el acondicionamiento de la Marina Real.
