«¿De dónde saco a las familias de acogida? ¿Las pinto?». La vicepresidenta de la Generalitat tuvo que encarar ayer su tercera rueda de prensa consecutiva de los viernes con el mismo plato, que empieza a atragantársele, encima de la mesa: la situación en los centros de menores. El conflicto se focalizó ayer en la presencia de niños de menos de tres años en las instalaciones de acogida, algo que, según reconoció la propia consellera de Igualdad y Políticas Inlcusivas, prohíbe la ley desde el 2015.

La acusación la lanzó por la mañana la diputada del PP María José Català, aunque el Síndic de Greuges ya alertó en enero de este año sobre la situación. La sindicatura recogía en su escrito que según un informe de noviembre de 2016 había 39 niños de la franja de edad de 0 a 3 que no se encontraban en casas de acogida. De acuerdo con la Generalitat, «la mayoría de ellos presenta alguna necesidad especial o discapacidad (retrasos en el lenguaje, diversidad funcional, alteraciones del sueño, trastornos afectivos, conductas autolesivas, etc.) que precisan de una intervención individualizada por lo que la inclusión en programas de acogimiento familiar puede resultar difícil o complejo», recogía el síndic.

Otras razones que alega la Conselleria para tener a menores de estas edades en acogimiento residencial son: la unión con el grupo de hermanos, el haber pasado por fracasos en adopciones o acogimientos familiares previos, la proximidad al domicilio familiar, o bien por tratarse de bebés que se encuentran junto a sus madres en centros de protección, o por tener un pronóstico claro de reunificación familiar. Con todo, el Síndic recuerda que la legislación vigente es tajante sobre esta cuestión y establece que no se acordará el acogimiento residencial a menores de tres años excepto en casos de imposibilidad, debidamente acreditada. Llegado este caso, el acogimiento residencial de estos menores no podrá tener una duración superior a los tres meses.

Según informaron ayer fuentes de la conselleria a Levante-EMV, en la actualidad hay contabilizados dos menores de menos de tres años en esta situación en la provincia de Alicante. Se trata de casos «puntuales», y uno de ellos salió ayer mismo del centro donde se hallaba tras haber encontrado una familia de acogida. La duración media de cada estancia en los casos de urgencia no suele superar los dos o tres días, según las mismas fuentes, aunque en su informe de enero de este año el Síndic criticaba que se estaban produciendo ingresos prolongados superiores a los previstos en la ley, así como el hecho de que ninguno de los menores tenía reconocimiento oficial del grado de discapacidad.

En todo caso, desde la conselleria indicaron que se trata del tiempo que discurre entre que el menor queda en desamparo (por un caso de maltrato, por ejemplo) y se encuentra una familia de diagnóstico urgente, como se las denomina.

«El PP abandonó a las familias»

Un lapso que en ocasiones se alarga ante la ausencia de familias de acogidas, según apuntó ayer Mónica Oltra. La vicepresidenta señaló que en la provincia de Castelló «ya no hay ningún menor de menos de seis años en los centros, en un tiempo récord. En el resto, se está intentando, pero para cumplir la ley necesitas tener medios», lamentó la también portavoz del Gobierno valenciano. Oltra señaló en este sentido que el PP tuvo «abandonadas» a estas familias, a las que «no se les pagaba». «Ahora se está haciendo un esfuerzo por aumentar el número de estas, cumpliendo la ley, pagando más, dignificando», añadió.

«Venimos de 20 años de destrucción de la red de familias de acogida, tenemos que recomponer todo eso. ¿Se piensan que es aprobar la ley y que al día siguiente esté todo hecho?», defendió la consellera. Por ello, Oltra consideró que Català «no tiene ni idea de lo que está diciendo» al acusar al actual gobierno de no gestionar adecuadamente la crisis surgida en algunos centros.