La Conselleria de Hacienda analizará la propuesta planteada por el grupo parlamentario de Compromís de imponer un impuesto especial a todas las bebidas azucaradas, al estilo de lo realizado ya en Catalunya, pero también a los alimentos con exceso de grasas.

Según explicaron ayer fuentes de la administración, la proposición no de ley de Compromís, se someterá a estudio «como todas las propuestas» tramitadas a través de les Corts para decidir después si es conveniente adoptar este nuevo tipo de gravamen o no.

Lo cierto es que la Generalitat Valenciana ya se posicionó al respecto a principios del pasado mes de mayo cuando se dio a conocer el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas. En aquel momento, fuentes del Consell avanzaron que no había intención de aplicar un gravamen parecido y que las actuaciones encaminadas a disuadir del consumo de bebidas azucaradas iban a ceñirse a la aprobación de un decreto de la Conselleria de Sanidad para prohibir este tipo de refrescos en las máquinas de alimentos y bebidas en centros educativos, sanitarios y de servicios sociales.

De esta forma, en los lineales solo habrá bebidas como agua, leche desnatada o semidesnatada, refrescos sin azúcar añadido y zumos naturales además de alimentos como fruta fresca y pan integral, entre otros considerados sanos. Por lo tanto, habrá que esperar a la consideración que tome la Conselleria de Hacienda al respecto de esta petición de Compromís que marcaba incluso un aumento de precio de hasta el 20 % de los productos.

La intención del grupo parlamentario era que todo lo recaudado con el nuevo gravamen se destinara a desarrollar programas de mejora de los hábitos alimenticios o a incrementar la concienciación social frente a los problemas de salud derivados de una mala alimentación.

En el argumentario defendido por los diputados Isaura Navarro y Jordi Juan se recordaban las cifras de la OMS sobre el aumento de la obesidad en el mundo y los 42 millones de menores de 5 años que tenían sobrepeso o eran obesos. «La OMS recomendó en octubre a los gobiernos que subiéramos los impuestos de las bebidas azucaradas para combatir» esta epidemia global, rezaba la proposición no de ley que pedía, además, «ir más allá y tratar de desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa, como los productos de bollería, entre otros».

En mayo entró en vigor en Catalunya la nueva tasa sobre las bebidas azucaradas que sube el precio de los refrescos dependiendo de los gramos de azúcar por cada 100 mililitros: de 0,08 a 0,12 céntimos de euros por lata.