La Iglesia no solo tiene templos, monasterios, conventos y parroquias. Su patrimonio inmobiliario suma pisos, garajes, cementerios, colegios, universidades, escuelas infantiles, parcelas agrícolas o solares. Sin embargo, no hay resigtro alguno donde se especifique, negro sobre blanco, qué tienen, dónde lo tienen y cómo lo tienen. Ni tan siquiera la Conferencia Episcopal cuenta con un registro de bienes de las 70 diócesis españolas. Lo único que admite son 24.000 parroquias y monasterios. ¿Y el resto?
Los bienes de la Iglesia vuelven a salir a la palestra tras la polémica publicada en Levante-EMV sobre la decisión del Arzobispado de València de disolver la asociación Misioneras de la Divina Providencia y hacerse cargo de todos los bienes que sus miembros gestionaban desde hace décadas en Algemesí (nueve inmuebles, entre ellos, la casa de la Beata Josefa Naval) y Bonrepòs i Mirambell (la escoleta infantil Virgen del Pilar). Además, el Arzobispado ha intervenido y bloqueado las cuentas bancarias de la entidad donde, según fuentes cercanas a las «misioneras», tenían estas ingresados unos 165.000 euros. Ninguna de estas propiedades cuenta en registro alguno.
El Catastro, sin embargo, muestra movimientos en los bienes inmuebles de la Iglesia católica en el apartado de «usos religiosos» donde, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 99,9% de las propiedades pertenecen al clero. Según estos datos, solo en la provincia de Valencia, la Iglesia contaba en 2016 con 1.234 bienes inmuebles resgistrados, con un valor catastral de 319 millones de euros. Así, en una década, el patrimonio eclesiástico ha crecido en más de 111 millones solo en la provincia de València y en 238 millones en la Comunitat Valenciana (que registra en 2016 un total de 2.419 bienes inmuebles).
Durante la última década, la Iglesia Católica se ha desprendido de 45 bienes inmuebles en 32 localidades de València (concretamente en Ademúz, Alaquàs, Albaida, Alboraia, Aldaia, Alfara de Algimia, Algimia de Alfara, Benaguasil, Benetússer, Bolbaite, Carcaixent, Carlet, Castellonet de la Conquesta, Foios, Gestalgar, Llanera de Ranes, Millares, Moncada, Montaverner, Ontinyent, El Puig, Requena, Sagunt, Segart, Sot de Chera, Sueca, Teresa de Cofrentes, Tatiguas, Torrebaja, Torrent, Valènica capital y Villalonga). Sin embargo, durante el mismo periodo ha sumado 27 propiedades en los municipios de Alberic, Beneixida, Benifairó de la Valldigna, Benifaió, Bocairent, Burjassot, Castelló de Rugat, Quart de Poblet, Quatretonda, Chera, Genovés, Guadasequies, Xàtiva, Xeresa, Miramar, Mislata, l’Olleria, Paterna, La Pobla Llarga, Puçol, Sedaví, Sempere, Tavernes de la Valldigna, Vallanca y Zarra.
Las nuevas propiedades
Las nuevas propiedades registradas por la Iglesia pueden responder a una herencia recibida -muchos fieles ceden a la Iglesia sus bienes-, a un contrato de compra venta o a un término jurídico -denominado «inmatriculación»- que consiste en inscribir a nombre de la Iglesia propiedades que se «presuponían» del clero pero que no estaban registradas a su nombre. La «inmatriculación» era una práctica habitual desde 1946, aunque se realizaba de forma discreta. Los obispos podían emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Es decir, se permitía a la Iglesia inmatricular bienes tal y como pueden hacerlo las Administraciones Públicas. Solo se precisaba una certificación del obispo, sin estar obligado a hacerlo público por edicto ni a pagar el impuesto de transmisión patrimonial. El obispo daba fe de que el bien pertenecía a la Iglesia y punto.
Este privilegio, además, se amplió en ???? cuando el Gobierno
—presidido por aquel entonces por José María Aznar— modificó
la Ley y el Reglamento Hipotecario y suprimió el artículo ?, que impedía que pudieran hacer lo propio con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.
Así y hasta marzo de ???? —momento en el que el Congreso eliminó este privilegio— la Conferencia Episcopal solicitó a los arzobispados que pusieran «los bienes de la Iglesia en orden», tal y como aseguraron en su día las diócesis que registraron a su nombre la mezquita de Córdoba (por 29 euros) o la Basílica de la Virgen de Valencia, por ejemplo, por el que no se pagó ni un céntimo de euro.
Las propiedades inmatriculadas en todo el territorio español entre 1998 y 2015 se estiman en 4.500. Ahora una proposición no de ley (PBL) aprobada en el Congreso da al Gobierno seis meses para que aporte la relación de estos bienes entre los que figuran templos, ermitas e iglesias.
