Limpieza de cunetas, labores de jardinería, asistencia a lesionados en accidentes de tráfico o actividades de formación en bibliotecas. Son algunas de las condenas impuestas por los jueces como pena alternativa al ingreso en prisión por un periodo que puede ser de poco más de 30 días hasta 350 jornadas. Se trata de una especie de segunda oportunidad para el acusado, que en vez de cumplir condena entre rejas debe hacer algún tipo de actividad para reparar el daño causado a la sociedad.
En España el año pasado se dictaron casi 83.000 condenas que eludían la prisión a través de trabajos sociales, suspensión de penas o sustituciones, de las que un total de 4.021 fueron emitidas en la C. Valenciana. O lo que es lo mismo, cada día siete condenados valencianos eluden la prisión con penas alternativas.
En el conjunto del país, este tipo de condenas experimentaron un mínimo repunte respecto al ejercicio anterior: un 1,1%. Por el contrario, en la Comunitat Valenciana se produjo un aumento del 36,5 %, ya que las penas alternativas pasaron de las 3.021 en 2015 a las 4.021 de 2016, según las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Este tipo de condenas comenzaron a imponerse en España en 2004 como una alternativa al pago de una multa y el ingreso en la cárcel. Pese a que jueces y fiscales evitaron entonces poner este tipo de condenas sustitutivas de prisión por la escasa oferta de plazas en ayuntamientos, ONG y centros penitenciarios, el número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se disparó en 2007 tras la reforma penal en materia de tráfico. Aunque la mayoría de los condenados a penas alternativas de prisión en España son por delitos en carretera (un 76% de media) en la Comunitat Valenciana también hay que sumar a estos los de violencia machista.
Por ejemplo, esta reforma penal de hace diez años se traducía, para un conductor que cometía un delito al volante, en una multa que llevaba aparejada obligatoriamente una condena a actividades sociales. Pero con la última reforma del Código Penal, de diciembre de 2010, se impuso una pena única: o prisión, o multa o trabajo en beneficio de la comunidad. Aunque se preveía que el número de condenas a TBC cayese en picado, las cifras se mantuvieron en España en los mismos niveles que antes de esta modificación.
De las más de 4.021 penas alternativas a prisión dictadas el año pasado en la C. Valenciana, un total de 2.552 fueron a trabajos comunitarios, lo que supone más de la mitad de este tipo de condenas en la comunidad y de las que casi el 88% las concentran las provincias de València (1.286) y Alicante (989). En Castelló se dictaron 277.
En cuanto a la tipología, un total de 1.050 condenas a actividades sociales en la C. Valenciana fueron por delitos contra la seguridad vial 1.179, 1.050 por asuntos de violencia de género, 184 por faltas y lesiones, 99 por delitos contra el patrimonio y los 40 restantes por otros delitos y faltas. Otras 759 condenas fueron resultado de sustituir una pena de prisión por una TBC, y 352 derivaron en la suspensión a cambio de actividades comunitarias.
Un total de 345 fueron las suspensiones de condena por el pago de una multa o el cumplimiento de una serie de requisitos, como puede ser la prohibición de ausentarse del lugar de residencia o las comparecencias personales. Para aquellas penas de prisión no superiores a dos años, los jueces pueden dejar en suspenso la ejecución de la pena. El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de cárcel inferiores a dos años y de tres meses a un año para las condenas leves. Como condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena se exige que sea la primera condena a la que se enfrenta. Las condenas que no superen los dos años de años se pueden sustituir por multas o TBC. La mayoría son por delitos de violencia machista.
Otra medida alternativa a la entrada en un centro penitenciario es la sustitución de condenas por la participación en programas, de formación o rehabilitación según el perfil del condenado. De este tipo el año pasado se dieron 13 en la C. Valenciana, casi todos por delitos de violencia machista.
