Otra causa judicial por presunta corrupción urbanística acecha al exalcalde de Vall d´Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez. Tras ser condenado en 2016 a ocho meses de prisión en el caso de la depuradora de Borriol, ahora la fiscalía pide once años de cárcel contra él por supuestamente lucrarse a través de operaciones urbanísticas en Vall d´Alba aprovechándose de su cargo.

Según el ministerio público, Martínez se concertó con su socio Raúl Babiloni y su hija Andrea Martínez para obtener un «lucro ilícito» de 2005 a 2014 en la compraventa de fincas incluidas en programas urbanísticos proyectados en el municipio.

«Con la información privilegiada que disponía Francisco Martínez adquirieron fincas relacionadas con los programas o interés para su ejecución, en unos casos directamente por los propios acusados o en otros por medio de sociedades instrumentales creadas a tal efecto, siempre con la finalidad de obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico», explica el fiscal que pide para Martínez 11 años de prisión y una multa de 1,3 millones y 21 años de inhabilitación de cargo público por delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales. También solicita para Raúl Babiloni una sanción de un millón de euros y cinco años de prisión por delitos de uso de información privilegiada y fraude administrativo, y una multa de un millón de euros para Andrea Martínez, por uso de información privilegiada.

Según la fiscalía, el alcalde de Vall d´Alba de 1991 a 2015, el empresario Babiloni y su hija conveniaron operaciones de compra o segregación de una veintena de parcelas donde se iban a tramitar programas urbanísticos con «información privilegiada» de Martínez con la idea de venderse revalorizados a una promotora. La investigación se centra en los PAIs del Mas la Lluna, la ampliación del casco urbano y el sector de l´Arc. Las sociedades «instrumentales» usadas por los acusados, subraya el fiscal, fueron Gestintur - formada por Raúl Babiloni y Andrea Martínez-, Transportes y Excavaciones Babiloni -vinculada al socio de Martínez-, Prodever - creada por Babiloni y Francisco Martínez-, y Franvaltur -relacionada con Francisco Martínez y sus dos hijos-. Estas tres firmas realizaron, según la fiscalía, siete ventas.

«Aunque no puede calcularse el beneficio que pudieran haber obtenido los acusados en el caso de materializarse todas las ventas, de las realizadas», el fiscal calcula «beneficio ilícito» en 151.170 euros en Martínez, 196.044 euros en Babiloni y 120.428 en Gestintur -. El ministerio público también insta a Martínez y Babiloni a pagar 120.428 en concepto de perjuicio económico generado al ayuntamiento .

Como muestra de algunas operaciones, el fiscal señala que Martínez asesoró a sus padres la adquisición de dos fincas relacionadas por el sector del Mas de la Lluna por un precio de 22.838 euros que sólo tres días después fueron vendidas a la promotora inmobiliaria por 32.550 euros, con un beneficio de 9.661 euros. En otro caso, Babiloni, «con información privilegiada de Francisco Martínez», añade el escrito, se hizo con una finca por 3.942 euros y fue traspasada después por 131.696 euros. El ayuntamiento renunció en 2014 a la ejecución de los planes por la crisis económica y finalmente una entidad financiera se quedó con los solares que había comprado la constructora.