A la tercera va la vencida. El empresario Augusto César Tauroni, que cumple una condena de seis años por la primera pieza del caso Cooperación, declaró finalmente ayer ante la jueza de instrucción número 21 de València a petición propia, después de que lo intentara en dos ocasiones previas (y finalmente se retractara en el último momento). En su declaración, de más de dos horas, el condenado reconoció por primera vez que mantenía una relación estrecha con el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y que le hacía favores, aunque descartó que le realizara pagos en metálico.

Según pudo saber Levante-EMV, el empresario confesó que en lugar de pagos en efectivo de dinero, hacía distintos favores para el exconseller del PP, como comprar e instalar ordenadores en locutorios. Además dijo que Blasco, que también cumple condena (en Picassent), le devolvía los favores. Esta relación de amistad entre el contratista y el político aportaba al primero seguridad y confianza a la hora de presentarse a concursos públicos, declaró ayer Tauroni a preguntas de la jueza instructora (quien hasta el úlitmo momento no se mostraba muy segura de que el condenado fuera a aparecer, vistos el par de amagos previos), la Abogacía de la Generalitat y por el abogado de Coordinadora de ONG, como acusación particular.

Durante la declaración, Tauroni deslizó dos nombres: Marc Llinares, absuelto por el Tribunal Supremo, y Joaquín Blasco (sin relación de parentesco con el exconseller encarcelado), exgerente de la fundación Hemisferio. Aseguró que había hecho negocios con empresas de ambos. En las jornadas previas a la declaración de ayer, como ocurrió en las otras dos ocasiones anteriores, se había creado la expectativa de que el condenado iba a aportar datos y a señalar a distintos nombres que podrían acarrear nuevas imputaciones en las piezas del caso que quedan por juzgar.

La jueza instruye las partes 2 y 3 de esta causa, Nieves Molina (la misma que ha archivado por tercera vez el caso del accidente de metro) investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental y cohecho.

En concreto, la pieza separada número dos de este procedimiento investiga subvenciones concedidas por la conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. Hay 23 investigados, entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario Tauroni. La pieza separada número tres investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni. Blasco y su equipo ya fueron condenados en la pieza principal por el Tribunal Superior por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a proyectos solidarios en Nicaragua.