El tercer carpetazo al caso del accidente de metro de València ha causado rechazo no solo en las víctimas. El presidente de las Corts, Enric Morera, ha remitido a la Fiscalía Provincial el dictamen de la comisión de investigación que se dio en el parlamento valenciano con el fin de que el ministerio público cuente con todos los argumentos posibles en su empeño por reabrir el caso.

Levante-EMV el pasado viernes, la fiscalía ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial para que la investigación se reinicie. Será la sección segunda la que dirima ahora si finalmente se reabre la investigación. Para «ayudar» a que esto ocurra, Morera quiere armar a la Fiscalía con todos los argumentos posibles con los que pueda convencer a la Audiencia.

El presidente aportará las 188 páginas del dictamen de la comisión tanto en soporte físico como en formato digital. El dictamen de la comisión de investigación, aprobado con los votos de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos recoge 44 conclusiones, 13 responsables y nueve recomendaciones.

Entre las conclusiones, la comisión determinó que el accidente era previsible y evitable, ya que el túnel de la línea 1 no era seguro. También concordó que la comisión de investigación de 2006 no depuró las responsabilidades políticas; que las causas del accidente fueron múltiples y todas tuvieron su origen en la falta de inversión y mala gestión de FGV; que la línea 1 tenía una incompleta instalación de sistemas de frenado FAP: faltó la instalación de balizas y/o reprogramar las balizas en el punto del accidente; que el Consell no llevó a cabo ninguna actuación encaminada a esclarecer las causas del accidente, ni tuvo interés en ello; y que la Generalitat actuó con urgencia no justificada en la gestión del accidente, con la finalidad de no eclipsar la visita del papa y fundamentalmente para no asumir responsabilidades políticas.

Además, la comisión determinó que el Consell ofreció desde el primer momento una estrategia política y comunicativa sobre el accidente, sostenida en el tiempo, para imponer una única e inalterable verdad; que TVV transmitió información sesgada y no contrastada con otras fuentes, incumpliendo el deber de información y que durante estos diez -casi once- años ha habido un menosprecio a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio por cuestionar la verdad.

Responsables políticos

Entre los responsables políticos que apunta el dictamen se encuentra Francisco Camps, José Vicente Dómine, vicepresidente del Consejo de Administración y director general de Transporte, Víctor Campos, vicepresidente del Consell, el entonces portavoz del PP en las Corts Serafín Castellano y el exconseller Juan Cotino.