En cinco meses, 16,4 millones de euros se han destinado a las personas más necesitadas mediante la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía que, aunque no es la prometida Renta Valenciana de Inclusión (que implica un pago mensual de 531 euros), supone unos ingresos de 385 euros para miles de familias. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha superado en un 838,51% la cantidad que se destinó al mismo fin en el año 2013, cuando los pagos no superaban los 1,7 millones de euros en este mismo periodo. De los 41 millones de euros que su departamento destinó en los presupuestos de este año al pago de la renta, 16,4 ya han llegado al bolsillo de las personas que más lo necesitan, mientras que el resto ya está comprometido y en breve se transferirá a las 86 entidades municipales colaboradoras para que puedan sustanciar todos aquellos expedientes que ya están tramitados.

Para la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inlcusivas, Mónica Oltra, estas cifras evidencian "la buena gestión" del Consell del Botànic y contrastan con las del antiguo gobierno, que en los cinco primeros meses de 2013 "sólo fue capaz" de tramitar ayudas por valor de 1,7 millones de euros, a pesar de que éste fue uno de los “peores años de la crisis, cuando muchas personas, en una situación de extrema vulnerabilidad, esperaba que sus gobernantes los tuvieran como prioridad”. La vicepresidenta ha lamentado que esto no fue así ni en 2013, ni en 2014 ni en 2015, cuando las cantidades en los cinco primeros meses del año se redujeron a 3,2 millones y 4,2 millones respectivamente, y ha añadido que no fue hasta 2016, el año en el que el actual Consell aprobó sus primeros presupuestos, cuando se produjo un cambio real en esta tendencia, duplicando la cantidad abonada el año anterior y llegando a los 8,7 millones de euros. El pago de la renta, ha incidido, ha sido una de las prioridades de este gobierno, y por ello le confirió la categoría de crédito ampliable, lo que permite aumentar la partida destinada a este fin cuando se agota. Algo que, según ha explicado, ya se ha hecho este año, cuando se ha pedido a la Conselleria de Hacienda un incremento presupuestario de 12,9 millones de euros para poder seguir "rescatando personas".

Con este aumento de crédito el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementa hasta los 53,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros, de los que finalmente no se sustanciaron ni un euro. La vicepresidenta también ha resaltado cifras como las del presupuesto de 2012, cuando los Presupuestos de la Generalitat de ese año recogían una partida para renta de 18,6 millones de euros, de los que finalmente sólo se ejecutaron 5,8 millones de euros, lo que hizo que mucha gente con la resolución de la ayuda aceptada se quedara sin poder cobrarla.

Oltra ha indicado que la gestión de estos dos años también está marcando un incremento en el número de titulares y beneficiarios, que en los cinco primeros meses de 2017 ya suman un total de 23.799, de las que 9.900 tienen la condición de titular de la ayuda, y 13.899 son beneficiarios. Estas cifras, ha señalado, van en la misma línea de incremento del año anterior, cuando por primer vez se llegó a los 50.204 destinatarios de ayudas (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), y que evidencian la efectividad de las "medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior gobierno". Medidas que, según ha subrayado, han permitido lograr que en 2016 se gestionaran y emitieran 28.023 resoluciones, que haya 50.204 destinatarios de la Renta (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), mientras que en 2015 se registraron 42.134 destinatarios. Esto supone un incremento de gestión en el año 2016 respecto al 2015 de 8.070 destinatarios más. Al respecto, la vicepresidenta ha querido agradecer al personal de la administración autonómica "el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta".

Por otro lado, según se desprende del informe de gestión, la prestación media de la renta en 2016 fue de 377,11 euros que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales. De los 20.007 titulares de la renta en 2016 , 13.097 son mujeres y 6.910 hombres, que representan el 65,46% y el 34,54% respectivamente.

La vicepresidenta ha recordado que para "hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el tapón heredado del anterior gobierno, se aprobó en julio de 2016 un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía". El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan. Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.

Oltra ha recordado el proyecto de la ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, "para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse". La nueva ley permitirá según ha explicado, que esta ayuda tenga "carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo", y al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla. Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, ha destacado también la flexibilización de los requisitos "por lo que llegará a más personas". De hecho, ha señalado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo unicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.