Una mujer estaciona su vehículo en una zona reservada para personas con movilidad reducida. La policía local de València la ve salir del vehículo y se acerca para comprobar que el vehículo tiene la pertinente tarjeta de estacionamiento. Y la tiene, visible en el salpicadero. Sin embargo, el titular es un hombre y la conductora, una mujer. Tras varias averiguaciones, los agentes comprueban que el titular de la tarjeta había fallecido un año antes. Ocurrió el 26 de diciembre de 2015. Un fraude que tiene una pena de cinco meses de prisión y 1.500 euros de multa.

Ni fue ni es un caso único. Solo la Policía Local de València ha detectado este año 759 permisos falsificados (226 en València y 530 de otros municipios). Ahora bien, la casualidad hizo que la acción fraudulenta saliera a la luz. Si los agentes no llegan a ver salir a la conductora del coche, hubieran comprobado que el vehículo tiene tarjeta para estacionar en esa plaza reservada y punto. El cerco para acabar con las tarjetas fraudulentas se estrecha hoy con la publicación de una orden que refleja la creación de un registro autonómico.

De hecho, el Consell lleva más de un año trabajando en este asunto tras la aprobación del Decreto 72/2016 de 10 de junio que implicaba las condiciones básicas de emisión y uso; ampliaba los requisitos para acceder a las mismas e incluía un holograma para evitar su reproducción fraudulenta. Los ayuntamientos también han hecho camino. Castelló realizó una campaña hace un año para sustituir las viejas tarjetas por las nuevas y València ha anunciado una nueva ordenanza para regular el documento, aumentar los controles y evitar el fraude.

El registro autonómico supondrá una herramienta para los municipios para expedir las tarjetas y contrastar datos. Así, tras la publicación de la orden serán de inscripción obligatoria «todas las resoluciones de concesión de las tarjetas de estacionamiento que realicen los ayuntamientos» y la cancelación de la inscripción «por cualquier causa legal o reglamentaria». Además, los ayuntamientos deberán comunicar igualmente al registro las resoluciones de renovación, de revocación (total o parcial) y de suspensión y retirada temporal de tarjetas de estacionamiento, como una medida cautelar o por sanción impuesta. La modificación de datos o corrección de errores también se debe comunicar.

La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando,explica que con la creación de este registro «se unifica la base de datos, de manera que se evitarán las duplicidades que existían en la actualidad, ya que cada ayuntamiento llevaba una contabilidad individual, y ahora toda esa información se reunirá en una única aplicación, que cada ayuntamiento podrá consultar a través de un trámite telemático». Ferrando afirma que el procedimiento «será más seguro y permitirá llevar una contabilidad de los títulos existentes».