Después de dos meses negros en las carreteras valencianas, especialmente para los ciclistas, la Proposición de Ley Orgánica presentada en el Congreso de los Diputados para modificar el Código Penal y endurecer las penas de cárcel en casos de imprudencia grave al volante ha sido recibida con escepticismo por las asociaciones y colectivos de ciclistas de la Comunitat. Aunque apoyan medidas punitivas más estrictas, consideran que el miedo al castigo no es la única solución. «Todo lo que sume es evidente que es positivo, pero debe de ir acompañado de una inversión en infraestructuras, además de con campañas educativas», indicó Fernando Mafé, responsable del colectivo Valencia en Bici.
«Si los conductores tienen más respeto a los ciclistas por miedo a una condena mayor algo habremos conseguido, pero hay que empezar a concienciar desde pequeños en los colegios con una asignatura obligatoria de seguridad vial», apuntaba José Sauri, presidente de Bici-Club Valencia, esperanzado en que con este tipo de medidas pueda disminuir el número de siniestros.
La iniciativa, presentada por el Partido Popular (PP), será llevada al primer Pleno del Congreso en el mes de septiembre, y se espera tramitar de forma urgente y por lectura única, en función de la respuesta del resto de grupos parlamentarios. En concreto, la proposición de ley apuesta por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en tres circunstancias concretas. Tanto cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, como cuando se hace bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol.
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias del hecho. Sin embargo, con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.
De esta forma, se abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas. Así, ante un atropello de un grupo de peatones o ciclistas con varios fallecidos, puede ser penado con hasta nueve años de prisión, frente a la legislación actual que establece una condena máxima de cuatro años de cárcel.
Delito de abandono del lugar
Un aspecto novedoso es la introducción del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Hasta ahora los conductores homicidas eludían condenas por omisión del deber de socorro si ya había otras personas que paraban a socorrer a su víctima o si se demostraba que el fallecimiento se habría producido de igual forma. No obstante, con la reforma se sanciona esta conducta dolosa por «la maldad intrínseca» de abandonar a alguien herido o moribundo.
