La Cátedra Unesco, con sede en la Universitat Pompeu Fabra, de ciclo de vida y cambio climático de ESCI-UPF ha elaborado uno de los primeros estudios de ámbito nacional que aborda la sostenibilidad sobre la introducción de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio para envases de bebidas. Modelo de reciclaje que impulsa el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.
Tras la investigación, la entidad académica ha concluido que implantar este tipo de proceso en España sería perjudicial para el medio ambiente y tendría un mayor coste económico y social que el operativo actualmente.
El proyecto fue presentado ayer en la Fundación Bancaja de València y perfila las consecuencias que tendría un escenario donde el sistema SDDR y los actuales Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) convivieran.
Según apuntó ayer el director de la investigación, Pere Fullana, «hay que conocer para decidir» y las conclusiones revelan que el nuevo sistema, que se fusionaría con el Scrap costaría, al conjunto de la sociedad, 1.784 millones de euros más, una cantidad equivalente a casi cien euros por familia en un año.
Además, si se implantara el sistema en las condiciones estudiadas, sería, según los investigadores, «un paso atrás» en materia ambiental, ya que lo que se ganaría se haría mediante unos procesos que contaminan más que los anteriores y esto sería perjudicial «en factores clave como calentamiento global, la lluvia ácida o el agotamiento de la capa de ozono».
El análisis también concluye que se incrementaría significativamente el impacto medioambiental en la recogida y el transporte de envases y concluye que hasta el 54% deberían gestionarse manualmente y ser transportados sin compactar, lo que resultaría «mucho menos eficiente» y provocaría un aumento de las emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, entre otras.
Respecto al ámbito económico, el SDDR costaría 11 veces más que el sistema actual: un total de 2.275 millones de euros a nivel nacional, 1.784 más que los SCRAP.
De media, cada habitante pagaría 48,7 euros al año frente a los 10,5 actuales, un 38,2% más, por «un sistema menos eficiente y, sobre todo, una gestión más costosa», subrayó la coordinadora del análisis económico, Rosa Colomé. El director del estudio Pere Fullana destacó ayer que la iniciativa busca mostrar una visión académica y científica de los diferentes sistemas y que «huye de posicionamientos ideológicos».
El proyecto está financiado por una decena de organizaciones, Ecoembes, TetraPak y Ecovidrio, entre ellas.
