Por segundo año consecutivo, el gobierno valenciano ha rechazado de plano la previsión del objetivo de déficit del Ministerio de Hacienda, en este caso para 2018. Si el pasado diciembre la decisión del Consell de oponerse creó tensión en un PSOE entonces dirigido por una gestora pactista con el PP, esta vez Ferraz ha dado libertad a sus autonomías, lo que ha evitado conflicto en plenos procesos congresuales en varias federaciones socialistas, como la valenciana.

Al final, todas las autonomías socialistas o con gobiernos de coalición además de Cataluña rechazaron ayer las previsiones del Ministerio de Hacienda durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sólo las del PP votaron a favor de la agenda de estabilidad 2018-2020 presentada por el Ejecutivo en presencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recién reprobado en el Congreso, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Montoro propuso que no se pueda sobrepasar el 0,3 % de déficit para 2018 cuando el año pasado la Comunitat Valenciana cerró con el 1,53 %, por lo que para los valencianos resulta inasumible.

Pese al voto en contra de las autonomías socialistas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó finalmente la senda de consolidación fiscal para el trienio 2018-2020, que mantiene el objetivo de déficit autonómico en el 0,3 % para el próximo año y el 0 % para los siguientes. El techo de déficit marcado para las autonomías en 2017 es del 0,6 % del PIB mientras que para el año próximo será la mitad.

Finalmente, según fuentes presentes en la reunión, se han desmarcado de la previsión del Gobierno, la Comunitat Valenciana, donde el PSOE gobierna con Compromís, y Cantabria, donde lo hace en coalición con el PRC, así como Cataluña, mientras que Canarias se ha abstenido. Han votado a favor Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja y Galicia, todas ellas con gobiernos populares.