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Comisiones en las Corts

Investigación limitada y sólo al otro

El PP sufre ahora el veto a sus peticiones para investigar en las Corts al tripartito

Diputados y diputadas en las Corts durante una sesón plenaria. efe/kai försterling

Corría el año 2009 cuando el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia histórica contra las Corts Valencianes por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de la oposición a quienes de manera sistemática la Mesa, controlada por el PP, vetaba sus inciativas de control.

Cientos de preguntas, peticiones de comparecencia de altos cargos y de comisiones de investigación se quedaron en el camino. Eran los años de las mayorías absolutas en las que el PP imponía el rodillo y donde la opacidad formaba parte una manera de ejercer el poder.

Aquella sentencia, que aludía a un veto sobre iniciativas de Esquerra Unida de 2005, fue defendida y ganada por la que en aquella época ejercía de portavoz de Compromís y hoy es la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. No fue la única sentencia que la dirigente de Compromís, así como otro profesionales del Derecho de la izquierda, ganaron en los tribunales a favor de los derechos de sus señorías a ejercer su labor de oposición.

De hecho, la transparencia llegó a imponerse a golpe de sentencia en la última etapa del Gobierno del PP, con Alberto Fabra, de jefe del Consell y ha puesto en apuros al actual Ejecutivo de izquierdas que acumula, muy a su pesar, varias sentencias por no entregar la documentación requerida.

El Consell surgido del Botànic se defiende asegurando que el PP retuerce sus peticiones de documentación con el único fin de que los tribunales condenen a la Generalitat. Los populares, en cambio, denuncian la doble vara de medir de la izquierda y señalan que no es lo mismo estar detrás de la pancarta que gobernar.

Estos días se muestran especialmente indignados por la negativa del tripartito a aceptar la constitución de una comisión de investigación sobre la gestión en los centros de menores, una iniciativa que tiene como detonante el grave caso ocurrido del centro de Monteolivete en el que la Fiscalía investiga supuestos abusos a menores.

Compromís, PSPV y Podemos se aliaron en las Corts para neutralizar la petición del PP y, en su lugar, sacar adelante la aprobación de una mesa de trabajo bajo el control del Ejecutivo. La comisión de investigación tenía en el punto de mira a Oltra. La vicepresidenta amagó en un principio con dar luz verde a la comisión, pero finalmente, se ha optado por tratar de enterrar un asunto que podría haberse vuelto como un boomerang contra del PP, pero también erosionar la imagen de Oltra como gestora.

La frustrada comisión de investigación pedida por el PP tiene algo de simbólico por los protagonistas implicados. Resulta irónico que Oltra, una de las diputadas que más se dejó la piel para acabar con las tinieblas a las que el PP sometió a la oposición, haya impedido que se investigue su gestión. De hecho, el grupo de Compromís en las Corts fue ariete de la gestión en Bienestar Social del PP, sobre todo, en la última legislatura, en la que tramitó más de una decena de peticiones de creación de comisiones de investigación para examinar la gestión en dependencia. Todas fueron vetadas por el PP.

Ahora bien, llegar al poder ha hecho relativo el concepto de transparencia en todos los socios del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos), que actúan unidos para frenar al PP. Y es que indagar al contrario resulta más cómodo y, ciertamente, la izquierda tiene un amplio abanico de asuntos turbios donde poner el foco e intentar que entre la luz.

Durante décadas se vieron con el portazo de las Corts cuando trataban de investigar a los gobiernos del PP. La izquierda tiene ahora el control de las Corts y no entra en sus planes que el parlamento se distraiga con cuestiones presentes. Alegan que las peticiones del PP son maniobras para distraer de su realidad de casos de corrupción y que sus denuncias resultan nimias frente a las cuestiones del pasado. La conclusión es que el veto sigue funcionando, pero en sentido contrario.

Carns de Morella

Empezó con los socialistas que desvirtuaron la primera comisión de investigación pedida por el PP esta legislatura: la subvención a Carns de Morella, el matadero de la localidad originaria del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. A los socialistas les pedía el cuerpo impedir una investigación que, en su opinión, resultaba ridícula con toda la ristra de casos de corrupción del PP que iban a sustanciarse en las Corts.

Podemos, sin embargo, no quiso sumarse al rodillo, pero ayudó a la causa socialista al reconvertir la comisión de Morella en una más amplia sobre la situación de la ganadería en la Comunitat Valenciana.

La prueba del algodón llegó para Podemos en mayo de 2016. El tripartito rechazó en el pleno de las Corts la creación de una comisión de investigación sobre la vinculación de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) con políticos valencianos de Podemos.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, justificó el rechazo en que es una fundación privada y no hay dinero valenciano en juego. Cabe apuntar que al argumento de que las iniciativas de la oposición afectaban a personas privadas o empresas sin trascendencia pública fue uno de los más usados en los años de Zaplana y Camps y que fue tumbado por la histórica sentencia del TC.

Así las cosas, en esta legislatura todas las comisiones de investigación aprobadas (en marcha o pendientes) tienen que ver con la gestión anterior del PP: Ciegsa, adjudicación de plazas de residencias de la Tercera Edad, Feria València, Gürtel, Taula, etc.

Sin duda, esta será la legislatura con más comisiones de investigación realizadas ya que en la historia de las Corts han sido más bien escasas. Así, sin contar las seis en vigor de esta legislatura y las dos pendientes, desde que arrancó la primera legislatura (1983) se han aprobado 12. Es decir, 20 en 34 años.

Salvo alguna excepción las investigaciones han sido inocuas para el Gobierno de turno ya que aunque puntualmente han afectado a su gestión, bien lo hacían de forma tangencial (contagios de Hepatitis C o legionela) o nacían maniatadas. El caso de la investigación del accidente de metro en 2006 que Camps accedió a crear es el paradigma de una comisión tutelada y manipulada.

Con Fabra se abrió algo más la mano ya que permitió que se investigara el escándalo del caso Emarsa (con el enfado monumental de un sector del PP) y la desintegración de la CAM. Evitó eso sí que se investigara la financiación irregular del PP e impuso su mayoría para reconvertir la comisión en una causa general sobre financiación de partidos. La comisión ni se estrenó ya que la oposición se negó a formar parte de la pantomima.

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