El pleno del Consell dio ayer luz verde al proyecto de ley de renta mínima de inclusión, el proyecto social estrella de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que mejora con creces la actual renta garantizada de ciudadanía al ampliar el número de beneficiarios (de 20.000 titulares a 45.000), mejorar la cuantía (de 385 euros a 532) y las condiciones de acceso. Además, tendrá carácter indefinido.
La norma pasa ahora a las Corts donde será debatida y aprobada. La ley, uno de los compromisos de mayor calado del Botànic, está más cerca de ser realidad, aunque entrará en vigor consumida ya la mitad de la legislatura. Oltra ha tenido que vencer las resistencias de buena parte del Consell y retrasar su aplicación efectiva (la previsión es que sea completa en 2020). El principal problema ha sido el financiero.
El coste económico para su cumplimiento en los próximos tres años se eleva a 1.000 millones de euros, según el informe del Consejo Económico Social (CES), un compromiso de gasto que de haberse alcanzado este mismo año habría dejado al resto de conselleries sin ningún tipo de margen de maniobra.
Durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra garantizó que habrá financiación para esta renta ya que impica el reconocimiento de un derecho subjetivo, en los mismos términos que la Sanidad y la Educación. «Es el gotero social», expresó gráficamente e insistió en que, a diferencia de antes, su pago no depende de que se agoten los fondos.
La cuestión financiera también centra el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que reprocha a la conselleria que la ley intente obligar a las diputaciones a afrontar este gasto cuando ni siquiera fueron consultadas. Estas observaciones esenciales del órgano consultivo han sido, sin embargo, cuestionadas por el voto particular de las dos consejeras (Margarita Ferrer y Asunción Ventura), que discrepan que el redactado deba ser objeto de reproche legal.
