Primero fueron las escuelas de música de la provincia de València, tal como adelantó Levante-EMV el pasado mes de mayo, las que fueron objeto de una campaña de inspección por parte del Ministerio de Trabajo, para comprobar que cumplían con sus obligaciones «legalmente previstas en materia de alta en el Sistema de Seguridad Social», es decir, que profesores y personal administrativo estaba dado de alta. Ahora, el punto de mira está sobre las entidades de Alicante y Castelló.

Por este motivo, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana se reunió ayer en la localidad de Canals para revisar la situación a la que se verán abocadas las sociedades de las dos provincias valencianas tras estas inspecciones.

Como medidas de apoyo, la federación ya ha puesto fecha para sendas reuniones informativas en San Juan, Alicante, el próximo 15 de julio, y en Castelló el día 22 de este mismo mes. Además, el presidente de la federación, Pedro Rodríguez, ha instado a los asesores laborales y jurídicos de la agrupación a ponerse a disposición de las juntas directivas «de inmediato» en el caso de que necesitasen sus servicios.

En esta línea, Rodríguez destacó que la junta directiva de la federación redactó una carta que será enviada al conseller de Educación, Vicent Marzà, en la que se le pide que aumente las cantidades destinadas a estas escuelas, puesto que «el problema que impide que todos los profesores están dados de alta es únicamente la falta de financiación».

Por esta misma razón, el presidente de la agrupación mostró su absoluto convencimiento de que todas las sociedades regularizarán su situación «si tienen algún profesor no dado de alta en la Seguridad Social», pero - tal y como subrayó Rodríguez- «cada administración debe cumplir su cometido», es decir, que el Gobierno valenciano corrija los 18 meses de retraso que sufre en los pagos y que aumente su financiación a las escuelas musicales.

Una de las reivindicaciones de la federación de sociedades musicales es que las Administraciones Públicas asuman el 67% de los gastos de profesorado.