València en Comú destituirá hoy al gerente de InnDEA, Rafael Monterde, tras hacer público que fue un topo dentro de la trama que saqueó las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo entre 2009 y 2011. Monterde aireó documentación que demostraba que la red corrupta que dirigía el exconseller de Solidaridad ahora preso, Rafael Blasco, y el empresario Augusto César Tauroni estaban manipulando en su beneficio el proceso de adjudicación de las ayudas.
El gerente de InnDEA, experto en cooperación internacional, trabajó para la Conselleria de Solidaridad y para la empresa Expande ahora investigada y filtró en 2011 a la prensa y a EUPV informes sensibles mientras la red corrupta perpetraba los delitos investigados, hecho que la actual dirección del partido político niega.
El Grupo Parlamentario de EUPV llegó a aportar años después estos informes de evaluaciones manipuladas y otros -centenares de folios- a la Fiscalía Anticorrupción. Esta documentación ayudó en la investigación y sirvió a la juez para abrir otras piezas.
Monterde fue ayer invitado a dimitir por València en Comú, en concreto por el concejal Jordi Peris, pero se negó. Hoy será el partido marca blanca de Podemos el que ejecute la destitución del gerente de InnDEA tras hacerse públicos unos correos electrónicos de 2010 y 2011 -cuando estalló el escándalo y en el momento en que realizó las filtraciones- en los que muestra una actitud de «compadreo» con uno de los principales imputados, el exjefe de servicio de la Conselleria de Solidaridad, Marc Llinares.
Correos en el sumario
Estos correos obran en el sumario del caso Blasco desde que en febrero de 2012 la policía se incautó del ordenador de Llinares en la «operación Oswald» que desarticuló la red corrupta. Sobre estos documentos informáticos, Monterde ya declaró como testigo en la fase de instrucción.
En esa declaración, que duró varias horas y que está transcrita en el sumario en poder de este periódico, tanto la juez como alguna acusación le preguntaron por su relación con los imputados y por la manipulación de los informes que hinchaban las puntuaciones a las ONG de la trama corrupta.
Tras su interrogatorio como testigo -situación procesal en la que no puede mentir- ni las tres acusaciones populares -PSPV, Antonio Penadés y la Coordinadora Valenciana de ONGD- ni la Fiscalía Anticorrupción, ni mucho menos la juez solicitaron su imputación ni lo volvieron a citar para colaborar en el proceso.
Monterde tampoco dijo en este interrogatorio y nadie se lo preguntó, que había filtrado la documentación a la prensa y a EUPV, papeles e informes que acabaron en manos de los investigadores.
Auto de procesamiento
Así, en el auto de procesamiento de las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación de 23 de junio que ayer publicó este periódico, la juez instructora procesa a 21 personas, entre ellas políticos, funcionarios de la Generalitat y empresarios. En las casi 400 páginas de auto, Rafael Monterde sólo aparece mencionado en dos ocasiones.
La juez explica que el actual gerente de InnDEA «colaboró en la confección de unos criterios de valoración nuevos, al objeto de reducir al máximo posible la subjetividad» y que «estuvo en contacto en todo momento y asesoró a Marc Llinares» en temas de Cooperación.
«Estos nuevos criterios fueron aprobados de facto por la Conselleria y explicados a la evaluadora» Expande, relata. Pese a que la juez tenía conocimiento de los correos donde presuntamente Monterde «pasteleó» con la trama, tal y como le acusan en Podemos, no los consideró relevantes para incluirlos el auto de procesamiento. De hecho no hay ni una sola referencia.
La otra mención a Monterde en el auto versa sobre una de sus evaluaciones a ONG. En esta, la juez explica que el gerente de InnDEA evaluó a la ONG Fundación del Valle otorgándole una puntuación «insuficiente para haber obtenido financiación pública». Fue posteriormente a esta evaluación cuando se manipularon las notas de la Fundación del Valle para acabar cobrando de la Conselleria de Cooperación.
En ningún momento señala a Monterde como autor de las manipulaciones por las que sí está procesado el gerente de la evaluadora Expande, Luis Castel Aznar. Estas manipulaciones que conocía Monterde acabaron filtradas a la prensa y a EUPV. De hecho, Levante-EMV denunció estas irregularidades en junio de 2011 cuando hacía un mes que el PP había vuelto a ganar las elecciones y cuando todavía se desconocía públicamente que un juzgado investigaba la trama Blasco.
Estos documentos también fueron utilizados por algunas ONG para recurrir las evaluaciones -que primaban a las organizaciones de la trama y penalizaban a las críticas- ante la justicia. Varias ganaron en los tribunales gracias a esta documentación.
