El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi) presentará recurso de casación, por ser «parte perjudicada y codemandada», contra la decisión judicial. «Nos parece increíble -agregaron ayer en una nota suscrita por la Unión Democrática de Pensionistas- que la Abogacía del Estado lleve su batalla política contra el Gobierno valenciano a costa de, una vez más, perjudicar a los más débiles», critica la entidad, que resalta que estas ayudas son de «una necesidad imperiosa en el sector de las personas con discapacidad, porque se trata de un colectivo con una vulnerabilidad máxima». Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, declaró que «si los decretos se hacen mal es lógico que la Justicia los tumbe. La sentencia dice claramente que el Consell en sus decretos no fija los presupuestos económicos que debe poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas y de esta manera desvirtúa la finalidad de las subvenciones».