La Abogacía de la Generalitat ha solicitado en su escrito de acusación de las últimas piezas que quedan por juzgar del Caso Blasco más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, por el desvío de las ayudas a ONG y a la construcción de un hospital en Haití cometidas como "grupo criminal", según los letrados del Consell.

La Coordinadora Valenciana de ONGD también reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento, según han informado fuentes de las ONG personadas en la causa.

La Generalitat solicita para Rafael Blasco, en la cárcel tras ser condenado a seis años de prisión por la primera pieza de la causa, una condena de 17 años y 6 meses de cárcel. También exige una indemnización de ocho millones de euros. Cinco millones por las ayudas defraudadas y otros tres por "el daño moral a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación", según confirman fuentes de la Generalitat. Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita 16 años de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones investigado en esta causa.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordó el pasado mes de mayo el procesamiento de Blasco y veinte personas más por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental, además de unir las dos piezas separadas para enjuiciarlas en un mismo juicio.

Entre los procesados se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat. Además de la cúpula de la Conselleria de Solidaridad, también figuran trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el escrito presentado esta misma mañana, la Abogacía de la Generalitat reclama 22 años y 6 meses para César Augusto Tauroni, 16 años para Llinares, 13 años para Luis Castel (evaluador externo de los proyectos de Cooperación) y 9 años para Arturo Tauroni, Isabel Castillo y Rafael Barrera, entre otras condenas que suman 172 años de cárcel.

Las dos piezas unificadas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a la Cooperación. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto que afectó gravemente al país.