Un total de 167 años de cárcel, décadas de inhabilitación, el decomiso de pisos, yates y cuentas bancarias, además de multas y 4,6 millones de indemnización reclama la Fiscalía Anticorrupción contra la presunta trama organizada alrededor de Rafael Blasco.
El Ministerio Público también identifica al exconseller y su alterego, Augusto César Tauroni, como los cabecillas de la «asociación ilícita» creada para desviar las ayudas a la Cooperación desde 2009 hasta 2011.
El empresario Tauroni es el que se enfrenta a una pena de prisión más elevada: 21 años de prisión, multa de 3 millones de euros y el decomiso de los apartamento y el yate adquiridos junto a su mujer en Miami, además de las cuentas bancarias de las siete empresas creadas en EE UU y utilizadas para el blanqueo de capitales. La esposa de Tauroni, Alina I. L., también responderá de forma solidaria a estos decomisos, además de enfrentarse a una petición de seis años de cárcel por parte de Anticorrupción.
Al siete veces conseller, Rafael Blasco, también se le complica el futuro si prospera el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción para las dos últimas piezas que quedan por juzgar. El Ministerio Público solicita dieciséis años de prisión para el exsíndic popular que inició su carrera con el PSPV: 12 años por malversación, prevaricación y falsedad y otros cuatro por asociación ilícita. También le reclama el pago de una multa de 144.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años.
Una suerte similar correrá la guardia pretoriana de Blasco durante años. Anticorrupción exige dieciséis años de cárcel para el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares (16 años), que acabó absuelto en el primer juicio por el desvío de las ayudas a Nicaragua. El exdirector general de Cooperación, Jospe Maria Felip, también logró ser absuelto por el Supremo, tras el juicio de la primera pieza, aunque ahora volverá a sentarse en el banquillo para enfrentarse a los siete años y medio que reclama para él el Ministerio Público.
También Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad y fiel escudera de Blasco durante años, y María Dolores Escandell, exjefa de Servicio, se enfrentan a cuatro años, según la petición de la Fiscalía.
Aunque se inicie el juicio por el desvío de las ayudas a la Cooperación, el juzgado de Instrucción 21 mantiene abiertas otras dos piezas separadas: la que investiga las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en la Conselleria de Inmigración o Solidaridad. Y la que investiga el uso de un ordenador por parte de Tauroni en la cárcel, algo totalmente prohibido, tal como adelantó Levante-EMV.
