«Un arma de doble filo». Así define el director del colegio Domus de Godella, Francisco Tos, los dos autos de medidas cautelares dictados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la C. Valenciana que devuelven el concierto de Bachillerato tanto a este colegio privado de Godella como a La Purísima Franciscanas de València.

Este ultimo centro acordó en una reunión de ayer que, "a pesar de disponer de 70 plazas, ha recibido cerca de 100 solicitudes de matrícula" y se muestra favorable a "buscar el aval para mantener el concierto en bachillerato y atender las solicitudes de los alumnos que han optado por su centro". El equipo directivo asegura estar dispuesto "a todo por mantener el concierto de bachillerato en nuestro centro por el bien de los alumnos".

"La Purísima Franciscanas -prosiguen- ha sido uno de los más afectados por el recorte de conciertos educativos del conseller Marzà y el centro ha decidido realizar todos los esfuerzos necesarios para atender las solicitudes presentadas por decenas de alumnos de Tres Forques, el barrio con menor renta de la ciudad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística".

Por su parte, el director del colegio Domus de Godella, Francisco Tos, detalla a Levante-EMV que el centro está valorando cómo hacer frente a la garantía exigida por el TSJ. "Aún no hemos tomado ninguna decisión, pues tenemos que de debatirlo con los padres pues es una cantidad muy elevada". Tos explica que a principios de la próxima semana se reunirá el patronato del colegio, junto al letrado y el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio para abordar el tema.

La decisión de buscar un aval se produce después de que desde el centro, Javier Sebastián, profesor y portavoz de este colegio, se reconociera que era inviable hacer frente a la dedcisión del TSJ, que aunque alto tribunal aún no ha cuantificado su importe, la Conselleria de Educación establece en 1,1 millón de euro. «Por un lado es una alegría ver que el tribunal ha entendido el perjuicio que causa a los alumnos del colegio perder el Bachillerato concertado, pero por otro nos exige una fianza muy elevada para hacerla efectiva que es muy difícil de reunir».

El auto les exige a ambos colegios que presenten una caución o garantía por el importe que, junto con los correspondientes intereses, tendría derecho a recuperar la Administración demandada en caso de desestimación del recurso contencioso-administrativo». De este modo, los magistrados fijan que la caución «debe reflejar toda la financiación que el centro docente haya de recibir de la Administración en concepto de concierto educativo». Además, como prevé que la duración del litigo dure dos años extiende el aval a dos cursos. Así pues, subraya la resolución, «se estima la medida cautelar de otorgamiento del concierto solicitado, mientras se tramita y resuelve el recurso contencioso-administrativo, y siempre que la parte demandante preste caución».Importe por determinar

La sala aún no ha fijado el importe de dicha garantía porque «no hay dato alguno que le permita saber cual es el importe de la financiación» de los conciertos que reclaman ambos colegios. En este sentido la Conselleria de Educación informará al TSJ que aplicar dicha medida cautelar le costará a la Generalitat cerca de 1,1 millones de euros, «de los cuales más de 539.000 son del centro La Purísima de València y más de 545.000 del centro Institución Cultural Domus de Godella», destacan desde el departamento del conseller Vicent Marzà, que anuncia que recurrirá el auto ante el Supremo.

Estas cantidades corresponde al coste del concierto de dos aulas de primero de Bachillerato en cada colegio el próximo curso 2017-18, así como cuatro (dos de primero y otras dos de segundo) el siguiente curso 2018-19. Comprenden además del módulo de concierto (gastos de funcionamiento), las nóminas del profesorado y los pluses del equipo directivo.

El letrado que representa a ambos colegios en este litigio, Pablo Delgado, ha adelantado que tanto La Purísima de Valencia como Domus de Godella van a presentar un recurso contra la exigencia de una caución o garantía, que recuerda que el TSJ aún no ha establecido.

Educación señala que «velará para que se asegure» que ambos colegios «abonan la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachillerato». La conselleria recalca que el millón largo de euros a los que debe ascender el aval «es lo que cuesta a los valencianos la existencia de estos conciertos no necesarios, que duplicarían los recursos económicos invertidos por la Generalitat, ya que la oferta de escolarización a sus zonas está cubierta con los centros públicos y concertados a que aseguran ya un servicio educativo suficiente»