La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, avisó ayer al Consell de que irá a los tribunales y pedirá responsabilidades penales si la conselleria de Educación no acata la suspensión por parte del TSJ-CV del decreto del plurilingüismo. Bonig solicitó ayer la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que dé explicaciones sobre el «caos» en que, según su opinión, se encuentra el sistema educativo después de los varapalos judiciales a las medidas del departamento que dirige Vicent Marzà.

En una rueda de prensa conjunta con el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, en las Corts, la responsable popular acusó a Marzà de «insumisión» a los tribunales de Justicia, así como a Puig y a la vicepresidenta Mónica Oltra por permitirlo. Indicó que si no acata la setentencia y paraliza el decreto puede ser acusado de desobediencia. Bonig deslizó también que los responsables de los centros educativos podrían tener que responder patrimonial y personalmente por aplicar un decreto que está suspendido. En este sentido, sugirió a los funcionarios (profesorado, directores e inspectores educativos) que pidan por escrito las instrucciones de la conselleria» con el fin de evitar que la situación judicial acabe salpicándoles. Con todo, matizó que el PP sólo pedirá responsabilidades al Consell: «Vamos contra el conseller», indicó, al tiempo que pidió a Puig que destituya a Marzà inmediatamente. Bonig lamentó que el próximo curso empiece con «inseguridad», por la suspensión del decreto de plurilingüismo y la situación de los conciertos, y con «gran estrés» para los padres. También Ciudadanos cargó con dureza contra la gestión educativa del Consell.

Desde Compromís, el síndic Fran Ferri, calificó de «amenazas veladas» a la comunida educativa las advertencias de Bonig sobre los problemas que podría traer al profesorado la aplicación del decreto del plurilingüísmo. «Es una irresponsable y debería pedir responsabilidades patrimoniales a los miembros de su partido que han robado dinero a los valencianos. STEPV se sumó a las críticas de Compromís al considerar las palabras de Bonig como una «amenaza» al profesorado.