Uno de los ejes del decreto de conciertos aprobado este pasado enero por el Consell del Botànic era reordenar los conciertos en la enseñanza postobligatoria, especialmente en el Bachillerato, generalizados por la anterior Generalitat desde 2007 y aplicarlos sólo allí donde la oferta pública no pueda atender la demanda de plazas. El departamento del conseller Vicent Marzà aprovechó que este curso finalizaban los conciertos de Bachillerato aprobados por el PP para hacer «tabla rasa» y empezar de cero con un decreto que, según la conselleria, «por primera vez pone orden a arbitrariedades de concertación y una falta absoluta de criterios objetivos y transparentes que determinan las necesidades de concertación con respecto a las necesidades reales de escolarización». Hay que tener presente que, al no ser una etapa obligatoria, nada obliga a la Administración a concertar el Bachillerato, algo que sólo ocurre en la Comunitat y en menor medida en Madrid.
Con las nuevas reglas de juego Educación concertará para los próximos cuatro años 377 aulas de primero de Bachillerato, el 86,8 % de las 404 concertadas por el PP.
La no renovación de la subvención de 27 aulas en 21 colegios afecta a unos 945 estudiantes de 4º de ESO (la ratio máxima en Bachillerato es de 35 por aula) que no podrán optar a continuar en los centros que han elegido sus familias. Este curso que ha acabado había 408 aulas de 1º y 2º de Bachillerato concertadas en unos 300 colegios privados de la Comunitat que forman en esta etapa a 13.900 jóvenes.
De los 21 colegios afectados -siete de Alicante y 14 de València-, 15 han visto recortados sus conciertos de Bachillerato en una o dos aulas pero siguen mantienendo unidades concertadas en esta etapa postobligatoria.
Seis de ellos, sin embargo, dejarán de tener esta etapa subvencionada en dos cursos al perder todas sus unidades de primero. Estos son la media docena de centros que litigan de forma más activa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana contra la resolución de la conselleria que les retira el concierto.
De ellos solo dos, La Purísima Franciscanas de Valencia y Domus de Godella, han pedido medidas cautelares que ahora ha concedido la Sala IV del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del TSJ.
Los otros cuatro que también han recurrido al contencioso son los colegios Altozano de Alicante, Aitana de Elx , Guadalaviar de València y El Vedat de Torrent. Los cuatro son de educación diferenciada por sexos, aunque este no ha sido el motivo por el que han perdido el concierto en Bachillerato, ya que la Lomce aprobada por el PP blinda esta opción educativa.
Estos cuatro colegios, vinculados directa o indirectamente al Opus Dei, a diferencia de Domus y La Purísima, no solicitaron medidas cautelares al suponer, como así ha sido, que el tribunal les obligaría a aportar como caución el importe de la financiación pública que debían recibir de la Administración educativa por el concierto durante los dos años que se calcula que tardará en resolver el caso el TSJ.
Indemnizaciones millonarias
Ante esta contingencia, según ha podido saber Levante-EMV, estos centros descartaron pedir un préstamo para hacer frente a la garantía o solicitar a los padres de su alumnado de primero que entregaran esa cuantía a modo de anticipo.
La opción elegida por estos colegios es seguir ofertando el Bachillerato de forma privada y cuando se publique la sentencia, si es positiva, devolver a los padres las cantidades que han abonado en concepto de enseñanza. En caso de que el TSJ les de la razón a estos cuatro centros dentro de dos cursos, el Consell deberá indemnizarlos con casi dos millones de euros.
