Tras la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que se celebró en Alicante, la vicepresidenta recordó que «hay cuestiones que forman parte del ámbito político y otras del judicial y que no es conveniente mezclarlos». De hecho, hizo hincapié en que la separación de poderes está « muy bien inventada y cargársela es peligroso».
La reacción del Partido Popular no se hizo esperar y fue la presidenta de la formación, Isabel Bonig, quien arremetió contra la vicepresidenta acusándola de «atentar contra la independencia de los jueces» además de «dar por muerto al Estado de derecho».
Con respecto a la devolución cautelar del concierto de Bachillerato, la vicepresidenta aseguró que aunque van a acatar el auto del tribunal, porque desde el Gobierno valenciano están «absolutamente de acuerdo» con la separación de poderes, prefieren «eliminar barracones que tener a niños en centros privilegiados». Y añadió: «La Generalitat no tiene por qué pagar dos veces por lo mismo», en referencia a las plazas educativas concertadas. «Pagar una plaza pública y otra privada para un solo niño, es despilfarrar el dinero», aseveró.
En este sentido, Javier Sebastián, profesor y portavoz del colegio La Purísima, aseguró a Levante-EMV que «no existe un gasto doble y que si los estudiantes del concertado se fueran al público, seguiría el gasto para el Consell».
Con respecto al aval que les ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia a los colegios concertados para seguir con la devolución cautelar, advirtió de que La Purísima Franciscanas «ha sido uno de los más afectados, aunque el centro ha decidido realizar todos los esfuerzos necesarios para atender las solicitudes presentadas por decenas de alumnos de Tres Forques, el barrio con menor renta de la ciudad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística».
Pese a que los jueces no han determinado la cantidad del aval, conselleria estima que La Purísima deberá abonar 539.000 euros y Domus, más de 545.000.
Recurso
La cifra exacta de la caución que deben presentar se desconoce, no obstante, Sebastián confirmó que «el lunes mismo» se van a reunir con diferentes entidades bancarias» para negociar el préstamo del dinero destinado al aval. Por el momento no contemplan otras medidas para reunir el dinero, pero piensan recurrir la medida.
Por su parte, la Diputación de Alicante presentó al TSJ un incidente de ejecución que solicita que se haga efectiva en «breve» la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo dado el «inminente inicio del curso escolar».
