Carlos Juan Blasco tiene 56 años, una artrosis crónica degenerativa (entre otras enfermedades) y ninguna esperanza de volver a trabajar. Lleva en paro desde 2010; Consuelo Cervera tiene 57 años, 38 años y medio cotizados, fibromialgia diagnosticada desde hace un año y dos hijos: uno de 9 años y otra de 30; Rosa Cándida tiene 52 años y es parada de larga duración. Son tres testimonios para un mismo drama: meses y hasta casi dos años, esperando una ayuda que tienen concedida, que está prevista para los más necesitados y que siguen sin recibir.
Uno de ellos ha dormido varias noches en la calle al no poder asumir los 130 euros que le costaba una habitación en un piso compartido, otro anda 6 kilómetros diarios para ahorrase los 3 euros que le costaría el autobús y el tercero pide en la puerta de un supermercado. No contaremos quien se ve abocado a cada una de estas situaciones. Y es que al drama de la miseria se suma el de la vergüenza. Todos suman más de 20 años cotizados a la Seguridad Social y esperan la Renta Garantizada de Ciudadanía como agua de mayo, una ayuda asistencial destinada a quienes no tienen recursos para mantener un nivel mínimo de vida. Ninguno de ellos tiene ingresos. Cero. Ni un euro.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es de 380 euros aproximadamente si la unidad familiar se compone por un solo miembro que no dispone de recursos. El subsidio contempla hasta 620 euros al mes según el número de personas que convivan en el hogar. En 2016, 19.947 pidieron la ayuda con su nombre y apellidos y hubo un total de 25.868 beneficiarios (personas que se beneficiaron de la misma al formar parte de la unidad familiar). Sin embargo, solicitar la ayuda y cumplir los requisitos no garantiza cobrar el dinero a los tres meses, como marca la ley.
De hecho, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sigue resolviendo expedientes que los usuarios solicitaron hace un año. Los tres protagonistas de este reportaje lo saben bien. Cuando les llegue el dinero tendrán que vivir con ese único ingreso que no llega a 400 euros. Hasta que ese momento sea una realidad, las deudas se acumulan porque las facturas sí llegan todos los meses. Y es que, según dicen, tienen «la mala costumbre de comer todos los días». Este año 23.799 personas han solicitado la ayuda durante los cinco primeros meses (9.000 titulares y 13.899 beneficiarios). Los expedientes se resuelven por orden de entrada. Cuando acaben con los de 2016 empezarán con los de 2017.
La primera vez que Carlos Juan Blasco solicitó la Renta Garantizada de Ciudadanía tuvo que esperar 23 meses para cobrarla. Ahora lleva 9 meses esperando la renovación de la ayuda (ya que solo dura seis meses) y ya no sabe qué hacer para agilizar los trámites. «Ahora están resolviendo las solicitudes de marzo de 2016. ¡Yo pedí la renovación en septiembre! No puedo esperar tanto tiempo... Lo que está pasando no es de recibo. Esta es una ayuda para los más necesitados, pero la Administración nos ve como simples números», asegura Carlos, tras presentar escritos y escritos en el Síndic de Greuges, que traslada la queja a la conselleria pero no consigue, ni tan siquiera, «que se resuelvan o agilicen las situaciones más extremas». «Hay algo que no comprendo: si un ciudadano se retrasa en un pago a la Administración, como existe un plazo máximo se suma un recargo. Cuanto más tardes más debes. Pero aquí no. Aquí ni se sabe cuándo vamos a cobrar ni a nadie le preocupa», añade.
A sus 57 años, Consuelo vive de sus padres de 94 y 83 años. Así, como suena. «¿De qué me ha servido trabajar desde los 14 años? He trabajado 38 años y medio cotizados...casi 14.000 días... Encontrar trabajo con mi edad es algo inimaginable.Hace un año me diagnosticaron fibromialgia,tengo un niño de 9 años y una hija de 30 que no encuentra trabajo. ¿De que cree este gobierno que voy a vivir? Tengo un alquiler que pagar, y también la luz, el agua, la comida... Y cada día me levanto sin saber a quien pedir ayuda», explica mientras se pregunta cuánto tiempo más tendrá que esperar para cobrar la ayuda. Ahora lleva cinco meses, «una eternidad», asegura. «Los concejales cobran, los diputados cobran, hasta los que se han apropiado de dinero público cobran... ¿Y los desgraciados como yo?», pregunta en voz alta. No hay respuesta.
Rosa lamenta no ser más joven. Y eso que tiene 52 años. «Nadie imagina las cosas que hay que hacer para malvivir. Si no tuviera el piso pagado viviría en la calle. Tengo techo pero no puedo pagar ni la luz, ni el gas ni el agua. No tengo para comer. No puedo pagar el IBI... Me queda ejercer la prostitución pero eso es para lo único que no valgo», asegura tajante. Y no lo dice en broma.
Tapón de expedientes
En la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas saben que cada expediente esconde un drama pero no consiguen «desbloquear» el «tapón de expedientes sin resolver» que se encontraron cuando accedieron al Consell. «Estamos trabajando muy duro para acabar con el tapón con el que nos encontramos en junio de 2015», explica la directora general de Inclusión Social, Inmaculada Carda. Tras una disculpa inicial, Carda enumera las gestiones realizadas para agilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía: «Lo primero que hicimos fue un decreto para agilizar los trámites y lo acompañamos de dos medidas: más presupuesto y más personal. Los primeros resultados han sido positivos. Castelló está al día y Alicante también. Es decir, allí los expedientes ya se resuelven en los tres meses que marca la ley».
«Nuestro objetivo es que este verano acabemos con los expedientes atrasados para que, a partir de septiembre, también València esté al día y los solicitantes reciban el dinero a los tres meses de haber solicitado la ayuda. Hemos establecido un plan de choque para poder liquidarlo todo cuanto antes», explica la directora general. Y aporta datos: «En agosto de 2015 teníamos 12.415 solicitudes de titulares pero en realidad había peticiones anteriores a 2014 sin resolver. El sistema era tan perverso que aunque había dotación económica para ello no se pagaban las ayudas. En 2008, por ejemplo, se aprobaron unos presupuestos de 6 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía y solo se destinaron a eso 1,5 millones. El resto acabó en otras partidas».
Desde la conselleria recalcan cómo se ha incrementado el presupuesto para esta ayuda. De los 23 millones destinados en 2013 la partida crece y crece hasta los más de 53 de 2017. «Hemos ampliado el presupuesto y lo mantenemos abierto. Es una línea prioritaria y si en septiembre hay que volver a ampliarla así lo haremos. Si hay crédito y se paga, los usuarios van en aumento».
Sin embargo, las críticas de los beneficiarios no se hicieron esperar tras el anuncio de la que será la Renta Valenciana de Inclusión, que sustituirá a la Renta Garantizada de Ciudadanía, con menos requisitos para solicitarla y más dinero. «Anuncian una cosa cuando nosotros aún llevamos meses para recibir un dinero que nos resulta imprescindible. Que anuncien nuevas ayudas cuando lo tengan todo resuelto porque lo contrario genera expectativas y te sientes engañado», explican los usuarios que hacen cola cada mañana en la puerta de la sede que la Conselleria de Igualdad tiene en Barón de Cárcer.
Inmaculada Carda lo comprende. «Cuando una persona presenta una queja le damos contestación y le explicamos por qué fecha de resolución vamos porque mientras resolvemos se suman nuevas solicitudes».
