El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y el Machismo, que impulsa la Generalitat y se firmará antes de agosto, incluirá una modificación legal que conceda el tratamiento de «familia monoparental» a aquella familia en la que la madre sea víctima de violencia machista y tenga la custodia exclusiva de los hijos. Aunque exista un padre por medio, esta familia será considerada a efectos legales por parte de la Administración autonómica igual que un núcleo familiar formado por una madre soltera con sus hijos.
Con ello se pretende conceder a las víctimas de violencia de género (mujer e hijos) todos los beneficios legales y fiscales que ya contempla la legislación valenciana para las familias monoparentales. Desde el año pasado, esos beneficios están equiparados a los de familia numerosa y abarcan desde el una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la disminución del tramo autonómico del IRPF.
Según confirmaron ayer fuentes oficiales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, esta será una de las medidas principales que ya se ha acordado con los agentes implicados en la negociación del pacto valenciano. El cambio legal se plasmará en el decreto del Consell por el cual se regulará el reconocimiento de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.
En el borrador de este decreto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, ya figuran las condiciones para que una mujer maltratada se acoja a la consideración administrativa de familia monoparental. La interesada deberá aportar una «orden de protección judicial» a favor de la madre, o bien un «informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género», o bien «un certificado acreditativo de un centro de atención especializada dependiente de la dirección general competente en protección a las mujeres víctimas de violencia de género».
En caso de conseguir el título de familia en situación de monoparentalidad por razón de violencia de género, la vigencia de este título será de cinco años, según consta en el borrador del decreto en fase de elaboración.
Otra medida que será incluida en el Pacto Valenciano contra la violencia de género y el machismo se dirige, en la práctica, contra la patria potestad que conservan los maltratadores.
La Generalitat se comprometerá a no exigir la autorización paterna cuando haya una condena firme por violencia machista en aquellos trámites que dependan de la Administración autonómica. Ejemplos: quieren que no sea necesaria la firma del padre maltratador para autorizar a que su hijo sea operado, acuda a una terapia psicológica o se cambie de centro educativo. También en este caso la Generalitat actuará como si se tratara formalmente como una familia monoparental: la madre en solitario será suficiente para autorizar estos trámites. Con ello, trasladan fuentes de la conselleria, pretenden evitarse situaciones sangrantes como que un padre, desde la cárcel, tenga que firman un documento de autorización para que su hija pueda ir al psicólogo por las secuelas que le ha dejado el maltrato paterno a su madre.
Este punto, que todavía tiene que ser regulado pero al que se compromete la vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas, sigue la línea de lo expresado por el Síndic de Greuges en su reciente informe con 97 medidas para construir «un auténtico sistema integral de prevención, atención y seguimiento de las víctimas y de sus hijos». En ese documento, el Síndic reclamaba a la Conselleria de Igualdad que «asuma las autorizaciones pertinentes en relación a cambio de centro escolar y de atención sanitaria» de los hijos, trámites que aún siguen necesitando la autorización paterna.
Más presupuesto y viviendas
En el pacto por la violencia machista también se blindará una promesa del Consell: incrementar el presupuesto destinado a la lucha contra la violencias machista hasta los 12 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 29 % respecto a las cifras de este año (9,3 millones). Es el 10 % de lo que reclamaba la movilización feminista #19jAlerta Feminista para el conjunto de España. De este modo, la Comunitat Valenciana cumpliría su parte en esta reivindicación.
El documento que se está ultimando contemplará también la intención de la Generalitat de incrementar los centros de atención a mujeres: que haya al menos uno en los municipios valencianos con más de 100.000 habitantes. El Consell asumirá otro compromiso: poner a disposición de las mujeres maltratadas más viviendas a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Asimismo, reforzarán los Centros Mujer 24 Horas de las comarcas del interior.
