La medida del Gobierno valenciano de eliminar los impresos para los impuestos obligando al contribuyente a imprimir los documentos en sus domicilios, tengan o no conexión a internet, es una decisión que, según sostiene Víctor Almonacid, va en contra del espíritu con el que nació la administración electrónica, «que no es otro que mejorar la vida de los ciudadanos, simplificar los procesos y disminuir las cargas burocráticas»

Asimismo, teniendo en cuenta que el fin último es mejorar el servicio público, exige que se deben tener «abiertas las dos ventanas». «El ciudadano tiene derecho a ser electrónico pero no la obligación», remarca, a la vez que recuerda que la Ley 39/2015 obliga a la administración a ser electrónica pero sin dejar de atender a las personas físicas que requieran atención presencial.

«Ninguna ley puede obligar a un ciudadano a tener conexión a internet y una impresora, esto vulneraría presuntamente el principio de igualdad», señaló en Levante TV Almonacid.

Ahorro a las arcas públicas

Aunque cree que la intención inicial es buena por parte de la administración, ésta no puede obligar a imprimir una instancia porque «los impuestos los pagamos todos, tanto hábiles en el manejo del ordenador como personas con menos medios o habilidades en este sentido».

Además, Víctor Almonacid explica que la administración va ahorrar mucho dinero con esta medida pero ello repercute en una mayor carga para el ciudadano, quien puede llegar a coger cierta manía a la brecha digital.