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Gasto

Los consistorios gastan 160 millones más en pagar a los bancos que en ayudas sociales

Las liquidaciones revelan el mayor esfuerzo de los ayuntamientos en abonar deuda a las entidades financieras, tal como impone Hacienda

¿Saben los valencianos en qué gastan el dinero sus ayuntamientos? Quizá resulte difícil si no se acude a los plenos municipales con regularidad o se accede a la documentación oficial alojada en los rincones de la páginas web y de los edificios consistoriales. El administrado se puede hacer una idea aproximada cuando ve las obras que se han iniciado en la calle de al lado, o acude a las oficinas de atención al ciudadano por las mañanas, o a una obra de teatro en el centro sociocultural. Pero son eso, ideas, y no cifras.

Pero desde hace unos años el Ministerio de Hacienda ofrece la posibilidad de conocer al detalle, con cifras con decimales, la liquidación de todos los presupuestos de los municipios españoles, y además muestra los gastos repartidos en seis campos correspondientes a otras tantas «áreas», o destinos «temáticos», del dinero que se ingresa.

Y, analizando estas cifras, se deduce, por ejemplo, que de cada 100 euros que en 2016 gastaron los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, 38,6 euros se destinaron al área de «servicios públicos básicos», que son la seguridad y movilidad, vivienda y urbanismo, bienestar y medioambiente. Y que, de esos mismos 100 euros, algo más de 19 se van a los gastos de la propia administración. O que, como consecuencia todavía de los años en los que se vivió peligrosamente y en los que los municipios se endeudaron, primero para hacer grandes proyectos y después para poder pagar a los proveedores que habían dejado colgados, el gasto en deuda pública sigue siendo mayor, por ejemplo, que el que se destina a «actuaciones de protección y promoción social».

Esta área, según la división establecida por Hacienda, incluye los gastos liquidados en pensiones de funcionarios; atenciones de carácter benéfico y asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como son los jóvenes, mayores, personas discapacitadas y tercera edad; o las medidas de fomento del empleo. En este concepto, los ayuntamientos valencianos se dejaron en 2016 un total de 387,4 millones de euros.

En cambio, en el área de «deuda pública» (abonar intereses, amortizaciones de créditos y demás operaciones financieras de naturaleza análoga) los ayuntamientos valencianos gastaron 550,5 millones de euros. Es decir, en 2016 los consistorios desembolsaron 160 millones de euros más en bancos que en actuaciones y ayudas sociales. De todas formas, si se compara con las liquidaciones presupuestarias de 2015, mientras que el gasto en «protección y promoción social» se ha recortado en 4,24 %, el gasto en deuda pública ha caído un 33,32 %.

De esta forma, se ve como las medidas de ajuste impuestas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro están siendo efectivas, muy a pesar de muchos alcaldes y alcaldesas que preferirían destinar los superávit cada vez más frecuentes a inversión pública, a contratar más personal o a mejorar las ayudas para las familias en riesgo de exclusión social.

El gasto corriente se mantiene

El área que más dinero requirió de los ayuntamientos fue la de «servicios públicos básicos», que supuso un gasto total en 2016 de 1.699 millones de euros de los 4.392 millones que salieron el pasado año de las arcas municipales valencianas (un 0,33 % más que en 2015). La siguiente área con más gasto municipal suele ser la de «actuaciones de carácter general» (gastos en funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a las entidades locales), que supuso en 2016 un gasto de 855,6 millones, un 1,83 % menos que en 2015.

La «producción de bienes públicos de carácter preferente» (sanidad, educación, cultura, ocio y tiempo libre, o deporte) supuso un gasto total de 682 millones, casi la misma cantidad que en 2015. Los siguientes gastos son en deuda y actuaciones sociales, y por último, el área a la que menos dinero destinan los ayuntamientos es la de «actuaciones de carácter económico» (actividades, servicios y transferencias para potenciar la actividad económica, infraestructuras y transportes; comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación) en la que los ayuntamientos gastaron 217,3 millones de euros.

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