27 de julio de 2017
27.07.2017
Educación

El TSJ obliga a la Generalitat a volver al plurilingüismo del PP de 2012

El tribunal no acepta las medidas de Educación que debían suspender cautelarmente el decreto e identifica al secretario autonómico Miquel Soler como el responsable

27.07.2017 | 15:53
Vicent Marzà y Miquel Soler.

"La forma en que la Administración ejecuta los autos de suspensión cautelar no es conforme a derecho...() Debe hacerlo mediante la aplicación de la normativa reglamentaria de los decretos 127/12 y 234/97".

El TSJ de la Comunitat Valenciana considera que la Conselleria de Educación no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo en la enseñanza y le ha dado cinco días para volver a rebatir estos argumentos, pero de entrada no acepta como válidas las medidas argumentadas por la Abogacía de la Generalitat para dar por ejecutada la suspensión.

En su nuevo auto en respuesta al recurso de la Diputación Provincial de Alicante , el TSJ por primera vez remite expresamente a la conselleria al decreto de plurilingüismo aprobado por el PP el año 2012 y que estaba vigente hasta este mismo curso.

El TSJ señala en este auto fechado hoy mismo también, que la suspensión cautelar decretada conlleva mantener el modelo lingüístico que tenían los colegios antes de votar los distintos niveles de plurilingüismo.

Respecto a la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la suspensión, la sala identifica al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por ser quien firma el informe que se presentó al TSJ.

Impedir un vacío legal


"Cuando se dicta una medida cautelar, no basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalitat, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo, esto es, no se trata de hacer revivir la Disposición Derogatoria del Decreto, sino de impedir un vacío legal", argumenta el TSJ.

La resolución subraya que la suspensión del decreto "afecta a la totalidad del mismo y a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo, no solo a la notificación de los autos de suspensión". "Todo lo que regula el decreto debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior", incide.

El tribunal remarca que "la seguridad jurídica, lo que exige es claridad en la resolución de todo lo pendiente para el inicio del curso escolar en septiembre próximo y no un vacío normativo, como se pretende por la Generalitat Valenciana al insistir mantener lo resuelto en ejecución del decreto suspendido".

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