La Conselleria de Educación no podrá aplicar el nuevo decreto de enseñanza plurilingüe que el próximo curso 2017-18 implantaba en los tres cursos del segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) la línea única con seis niveles lingüísticos ordenados de menos a más carga docente en valenciano e inglés. Así se lo ordena la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que ayer publicó un auto en el que obliga al departamento del conseller Vicent Marzà a volver en esta etapa a la doble línea de enseñanza en castellano y valenciano del decreto de plurilingüismo que el Consell del PP aprobó en 2012.
El alto tribunal no da por buenas las explicaciones de la conselleria sobre las medidas tomadas por la Administración educativa para hacer efectiva la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo que ordenó el pasado 23 de mayo a instancias de un recurso contencioso presentado por la Diputación de Alicante, corporación provincial gobernada por el PP.
El TSJ, en un requerimiento emitido el 14 de julio, dio cinco días a Educación para que explicara cómo había ejecutado la paralización e identificara a la autoridad o funcionario responsable de hacer cumplir el auto de suspensión para «exigir a quien corresponda las responsabilidades a que diera lugar la desobediencia».
«No es conforme a derecho»
La Abogacía de la Generalitat respondió en plazo adjuntando un informe de la Secretaria Autonómica de Educación que señala como autoridades competentes para el cumplimiento de la cautelar al conseller Vicent Marzà, y al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler. En el informe, Educación argumenta que tras la suspensión cautelar no ha tomado ninguna decisión que desarrolle el decreto.
En el auto de ayer el TSJ considera que la forma en que la conselleria ejecuta la suspensión «no es conforme a derecho». «El decreto está suspendido y esa suspensión afecta a la totalidad del mismo y a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo, no sólo a lo posterior a la notificación de los autos de suspensión», recalca la resolución, que no es firme y que Educación tiene cinco días para recurrir.
«Cuando se dicta una medida cautelar, no basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalidad, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo, esto es, no se trata de hacer revivir la disposición derogatoria del decreto, sino de impedir un vacío legal», insisten los jueces. «Todo lo que regula el decreto debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior», añaden.
El tribunal concluye que «la seguridad jurídica, lo que exige es claridad en la resolución de todo lo pendiente para el inicio del curso escolar en septiembre próximo y no un vacío normativo, como se pretende por la Generalitat al insistir mantener lo resuelto en ejecución del decreto suspendido».
Programas lingüísticos de 2012
Es decir, que el 11 de septiembre próximo cuando comience el curso los más de 1.000 colegios públicos y concertados de la Comunitat Valenciana deberán aplicar en Infantil (en Primaria el nuevo modelo de enseñanza no empezaba a implantarse hasta el curso 2018-19 y en ESO en el 2021-22) los programas lingüísticos que tenían asignados el curso pasado en virtud al decreto de 2012.
Educación defendía que los Programas Lingüísticos de Centro (PLC) del nuevo decreto lingüístico, que a principios de marzo fueron aprobados por mayoría de dos tercios por los Consejos Escolares y autorizados por la conselleria, no estaban afectados por la suspensión porque está no se podía aplicar con carácter retroactivo.
El 54 % de colegios optaron por los niveles Avanzado (I y II), que se corresponden con el PPEV del decreto de 2012, mientras que el resto eligió quedarse en las líneas en castellano, que ahora pasaban a ser Básico I y II (16 % de colegios) e Intermedio I y II (30 %).
Más de 200 colegios, la práctica totalidad de ellos públicos, de doble línea en castellano y valenciano han pasado todas sus unidades a los nuevos niveles avanzados. El auto del TSJ obliga a deshacer este cambio con lo que los niños matriculados en estos colegios cuyas familias eligieron que estudiaran en valenciano volverán a ser encuadrados en lineas en castellano.
