Los recortes del PP en los años más duros de la crisis acabaron con la liquidación de la fundación Buseo de Chera, la entidad que gestionaba el pequeño pantano que contiene las riadas del río Reatillo -afluente del Túria- y que evita inundaciones en los municipios de la Serranía de Sot de Chera, Bugarra, Gestalgar y Pedralba. Tras el cierre de este organismo, que prácticamente solo pagaba el sueldo al guarda que vigilaba la presa, su gestión pasó a manos de la Generalitat. La actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, fue quien propuso el cierre de la entidad como presidenta del patronato y era la consellera de Medio Ambiente, departamento al que quedó adscrito este embalse que data de principios del siglo XX. Ni a Bonig ni a nadie de su equipo se le ocurrió cubrir la baja del guarda o destinar personal para su supervisión.
Como contó Levante-EMV en exclusiva el pasado lunes, este abandono estuvo a punto de provocar una riada por la falta de vigilancia y supervisión del caudal de agua en el episodio de fuertes lluvias del pasado 19 de diciembre de 2016. Solo el aviso del alcalde de Chera, Alejandro Portero, a Emergencias de la Generalitat evitó la pantanada. Un equipo de bomberos y brigadistas rompieron la puerta de la presa -las llaves se habían perdido- y accedieron a la sala de mandos donde a pulso abrieron los aliviaderos para liberar agua de la presa, cuyos 7,5 hectómetros cúbicos de capacidad estaban a rebosar.
Este aviso descubrió a la «nueva» Generalitat que era propietaria de un pantano y que debe gestionar. «La presa no tenía ningún funcionario adscrito ni nadie en el departamento sabía que teníamos un pantano en propiedad», explica el director general del Agua, Manuel Aldeguer.
Según Aldeguer, esta presa es un problema para la administración autonómica porque no tiene personal especializado para su vigilancia y mantenimiento. «Habría que crear un departamento específico de pantanos para gestionar este pequeño embalse y destinar personal especializado», manifestó el director general, quien no ve nada eficiente esta posibilidad. Según Aldeguer, debería ser la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la que se quedara su gestión porque es la que tiene competencias en el «dominio público hidráulico».
La Generalitat mantuvo una reunión con la presidenta de la CHJ, María Ángeles Ureña, para ofrecerle la posibilidad de, a través de un convenio, quedarse con la gestión del pantano «porque tiene personal cualificado». Según Aldeguer, el encuentro fue «poco productivo» porque la respuesta fue negativa. Este periódico intentó recabar la versión de la CHJ hace quince días y todavía no ha obtenido respuesta.
La presa, que tiene más de cien años, necesita una reforma porque las compuertas no funcionan y debe adecuarse a la nueva normativa de aguas. La Dirección General del Agua sacará a licitación el proyecto para reparar el embalse que, según Aldeguer, puede costar «una cantidad importante». El pantano de Buseo es el único en propiedad de la Generalitat, algo poco habitual.
