Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que anulan las resoluciones de aquellas becas, entienden que de no ser por esa «celebración ilegal de la entrevista», la candidata hubiera revalidado su plaza y habría continuado en su puesto. Por ello, la sentencia condena a la Administración a pagar una indemnización equivalente al sueldo de un año que reciben estos becarios, unos 12.000 euros. El actual Consell, quien se ha interesado por el caso «desde el primer momento», como señala Oltra, ya ha comunicado que no recurrirá el fallo.
