La hora y media de reunión que mantuvieron ayer en el Palau el jefe del Consell, Ximo Puig, y la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, no ha servido para acercar posturas sobre el modelo de enseñanza plurilingüe. Éstas son tan antagónicas como antes del encuentro. A tenor a las comparecencias tras la cumbre, que se hicieron por separado, más que diálogo, lo que hubo fueron sendos monólogos. Por un lado Bonig, que exige al Consell que aplique el auto de suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo por el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le ordena volver en Educación Infantil a la doble línea en valenciano y castellano del decreto del PP de 2012. Y por otro el jefe de Gabinete de Puig, Arcadi España, quien subraya que «la solución no pasa por volver al modelo del PP, que no ha funcionado».
Bonig, que pidió entrevistarse con Puig el pasado 30 de junio para negociar acuerdos sobre educación, asegura que ha salido del Palau «más tranquila» de lo que ha entrado. «El presidente me ha prometido que va a cumplir la sentencia sobre el decreto de plurilingüismo, y eso me alegra», asegura. Bonig pidió esta reunión, la cuarta a dos en lo que va de legislatura, cuatro días después de que el TSJ publicara el auto en el que la suspensión provisional del decreto dictada el 23 de mayo a instancias de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, pasara a ser firme tras rechazar el recurso del Consell.
Una única promesa
La promesa de cumplir los fallos judiciales es lo único que se llevó en claro ayer del Palau Bonig. «Si los tribunales, cuando se resuelvan los procesos abiertos, dictaminan que hay que hacer alguna modificación, esta se realizará», dijo el portavoz de Puig.
Además de la cautelar, el TSJ ha emitido dos sentencias sobre si el decreto de plurilingüismo del Consell del Botànic vulnera los derechos fundamentales de las personas. En una de ellas no ve indicios de inconstitucionalidad, pero en la otra anula la acreditación automática de conocimiento de idiomas en los niveles con más valenciano por «el claro agravio comparativo para el alumnado» que elige enseñanza en castellano.
Bonig, además de que el Consell acate las sentencias, reclama a Puig «un plan de movilidad del alumnado que atienda a todos los padres que han visto conculcados sus derechos al elegir la lengua vehicular de enseñanza para sus hijos, tanto en un sentido como otro». Es decir, que se permita a los padres de los casi 40.000 alumnos de Infantil 3 años cambiar de colegio o programa lingüístico si no estan de acuerdo con la línea de enseñanza que escogieron en mayo, antes de la suspensión cautelar del decreto.
Esta «rematriculación» exprés que pide el PP se tendría que hacer en 10 días pues los colegios no abren hasta el 1 de septiembre y el curso empieza el lunes 11. No obstante el cambio de Programa Lingüístico de Centro (PLC) ha sido ordenado por el TSJ con carácter retroactivo, algo que la Abogacía de la Generalitat ha recurrido.
La segunda medida que lanza el PP al Consell es «un plan de refuerzo del valenciano en las zonas castellanohablantes, con más profesores, dinero y materiales, para que la lengua no sea un elemento de confrontación». «En vez de imponer el valenciano, que hagan un plan voluntario de apoyo a la lengua», insiste Bonig. Las familias de la Vega Baja, añade, «no están en contra del valenciano, lo que no quieren es que se les imponga», por eso pide un plan de fomento de valenciano en estas zonas con más recursos docentes y materiales que apele a la voluntariedad de las familias para aprender la lengua cooficial minoritaria. Bonig defiende que «tan valenciana es la gente de la Ribera como la de la Vega Baja, y el Consell tiene que escuchar al pueblo».
El modelo de plurilingüismo del PP no es un modelo fracasado para Bonig, «pues no se ha evaluado». Además, defiende que la forma de determinar los Proyectos Lingüísticos de Centro es «más objetiva» en el decreto de 2012, ya que incluía una consulta telemática a todos los padres y no se dejaba en manos de la aprobación de dos terceras partes del Consejo Escolar, «donde los padres sólo son el 14 %».
Dicha consulta, que no era vinculante pues la última palabra la tenía la conselleria, sólo se realizó una vez (el 19 de diciembre de 2014) y no llegaron ni a votar 10.000 de los 180.000 progenitores que podían hacerlo (5,5 %). Además, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) se opuso a ella en un informe ocultado por la conselleria.
Propuestas sin respuesta
Bonig admitió que ninguna de sus dos medidas recibieron respuesta por parte de Puig. En este sentido, Arcadi España explicó que ambas propuestas «no son nuevas» y serán transmitidas al conseller de Educación, Vicent Marzà. El portavoz del president asegura que Marzà a principios de septiembre comunicará las instrucciones sobre la forma de aplicar el plurilingüismo. Éstas dependerán de si el TSJ acepta o no el recurso contra la aplicación con retroactividad de la suspensión cautelar del decreto. En caso de que el tribunal no acepte las alegaciones de la Generalitat más de 200 colegios deberían deshacer el cambio de todas sus líneas de castellano a valenciano.
Lo que no va a renunciar Puig es al objetivo de que todos los niños dominen las dos lenguas cooficiales y el inglés al acabar la enseñanza obligatoria. «No hay vuelta de hoja a que la voluntad del Consell es superar una situación en la que todos coincidimos en que no funcionaba bien la normativa que había», concluyó España. El director de Gabinete del president insiste en que el modelo del PP «si se ha evaluado y sólo el 6 % del alumnado domina el inglés y un 30 % el valenciano».
