La Comisión Europea vigila la política de las administraciones central y autonómicas en lo que se refiere a las restricciones a la implantación del comercio. En su último informe sobre España, Bruselas afea que este país «es uno de los diez estados miembros que regula el comercio minorista de forma más restrictiva», y señala que no todas las comunidades han puesto en práctica las medidas liberalizadoras aprobadas en 2014, con el fin de simplificar la normativa al existir 17 normativas diferentes que fragmentan el mercado interior. Según la Comisión Europea, durante 2016 se ha ralentizado considerablemente la puesta en práctica de esta reforma legal.
Entre esas trabas que subyacen figura la exigencia en varias autonomías, entre ellas la valenciana, de una segunda licencia autonómica, además de la municipal, para la implantación de grandes superficies, lo que iría en contra de la Directiva Europea de Servicios. El caso de Puerto Mediterráneo, el macrocentro comercial proyectado en Paterna, es paradigmático en este sentido. La Generalitat lo ha bloqueado al no superar sus requisitos de impacto ambiental.
Posibles vetos a macrocentros
No son estas las únicas barreras que pueden observarse en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Economía tramita dentro del plan territorial sectorial del comercio (Patsecova) nuevas figuras jurídicas, como las zonas comercialmente saturadas, que permitirían vetar la implantación de un centro comercial en zonas de gran densidad comercial. El borrador del Patsecova también abre la puerta a bloquear macrocentros de más de 120.000 metros cuadrados.
En todo caso, desde la Generalitat valenciana aseguran que la exigencia de licencia autonómica para estos proyectos es plenamente legal. El Tribunal Constitucional «lo ha avalado en muchas ocasiones, ya que se base en criterios no económicos, sino medioambientales o de otro tipo», explica el director general de Comercio, Natxo Costa.
En este sentido, precisamente, el propio TC acaba de anular algunos aspectos clave de la ley de unidad de mercado aprobada por el Gobierno a finales de 2013 a instancias de Bruselas. Concretamente, la norma señalaba que una empresa que obtiene permiso para operar en una comunidad autónoma, lo tiene de facto para hacerlo en cualquier parte de España. Se llamó «licencia única» a esta medida encaminada a simplificar la burocracia y atraer inversiones. El TC lo acaba de anular tras un recurso de la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias.
Más allá de esto, algunas de las políticas que está abanderando la Generalitat en materia de regulación de las actividad económica chocan frontalmente con la doctrina que emana de Bruselas. Por ejemplo, con las aperturas comerciales, que Compromís (desde la conselleria y el ayuntamiento) quiere limitar. En otro reciente informe sobre la estrategia para el mercado único presentado en el Parlamento Europeo, se «reitera la importancia de eliminar las barreras» a las actividades económicas, como «la regulación de los horarios de apertura de los comercios».
No son las únicas barreras a la actividad comercial que vigila la CE. Bruselas está investigando la normativa valenciana sobre la regulación de las gasolineras. La Comisión entiende que la obligación de que haya personal en las estaciones de servicio -cuando ya hay estaciones que pueden operar de forma automática-, es una barrera de entrada al mercado.
