Cuando aún no se ha cerrado ni la fecha ni el lugar de la manifestación que convocarían sindicatos y se sumaría el Consell en reclamación de una reforma urgente del modelo de financiación, el gobierno valenciano no descarta plantear un acto de protesta y de denuncia en Bruselas para hacer visible en Europa el problema de la financiación.
El Consell es consciente de que el gran problema, el que amenaza incluso la viabilidad de la propia autonomía, es el de la infrafinanciación. Y aunque se trata de un problema interno español, el ejecutivo valenciano parece dispuesto a exhibirlo fuera de las fronteras españolas.
Uno de los cargos del Consell que defiende esa idea es precisamente el delegado en Bruselas, Joan Calabuig, que considera que el ejecutivo comunitario debe conocer el maltrato financiero al que las autoridades españolas someten a la Generalitat.
Una declaración política en toda regla que llevaría, en caso de que se concretara lo que de momento es solo una posibilidad, por primera vez la protesta valenciana por la infrafinanciación al corazón de la Unión Europea.
«Yo creo que hacer un acto de denuncia ante la Unión Europea de la situación que vivimos con la financiación es algo que si no cambia la cuestión de la infrafinanciación, que desgraciadamente no parece que vaya a cambiar, tenemos que hacer y situarlo también en el debate europeo para presionar al Gobierno de España a cambiar una situación de discriminación que es insostenible», asegura Calabuig en declaraciones a Levante-EMV.
«Cada vez más necesario»
Calabuig no descarta ni mucho menos esa posibilidad como elemento de presión.
En su opinión se hace cada vez más necesario explicar en el ámbito europeo la situación de infrafinanciación de los valencianos. El delegado valenciano en Bruselas, que ahora cumple un año en el cargo, defiende que hace falta ese acto en Bruselas.
Añade que hasta ahora, el Consell ha sido «prudente», pero cree que la UE debe saber que España no está cumpliendo correctamente con una financiación justa con una de las partes de su Estado «y eso compromete nuestro desarrollo y por tanto afecta a la UE», afirma el delegado.
