El objetivo del Pacto del Botánico era claro (rescatar personas) y las cifras «desoladoras», al menos en lo que al sistema de dependencia se refiere. Ayudas sin cobrar, expedientes sin resolver, un presupuesto cerrado y personas que fallecían esperando un dinero que no llegaba. Así lo resumió ayer la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la presentación del balance de lo que ha supuesto dos años de cambio en el sistema de atención a la dependencia con un gobierno «que sí tenía muy claras sus prioridades».
Oltra mostró una radiografía general del sistema actual y estableció la comparativa con las cifras de hace dos años. En la actualidad existen 58.219 personas en situación de dependencia que están siendo atendidos a través de algún tipo de prestación o servicio y una lista de espera de 27.905.
Un año de media en resolver
La ley marca un plazo de resolución de expedientes de seis meses y en la actualidad la consellería tarda una media de un año ya que «resolvemos expedientes atrasados mientras se incorporan nuevas solicitudes al sistema. Hemos llegado a resolver expedientes de 2007, el tapón era terrible». Sin embargo, la prioridad se centra ahora en acabar con esta lista de espera y conseguir que, a final de año el tiempo de resolución sea el que marca la ley.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas centró el foco en los dependientes al encontrar una lista de espera de 45.000 personas. En dos años esta misma lista se ha reducido en 16.781 usuarios y en la actualidad el sistema suma 40 dependientes más al día con la resolución de unos 1.200 expedientes al mes.
«El PP realizaba unas 719 valoraciones al mes. Ahora se realizan 1.453. De hecho, desde que entramos en el gobierno tenemos 30.425 nuevos usuarios, es decir, un 38,6% más», explicó Mónica Oltra.
El balance presentado ayer responde a una batería de medidas adoptada por la conselleria para dar un vuelco a la gestión del sistema de atención a la dependencia.
Las líneas generales se pueden resumir en tres puntos que centran el nuevo decreto que aprobó el Consell en mayo de este año: más personal para las valoraciones, más presupuesto para las ayudas y una administración más ágil para la tramitación de expedientes. De entrada el Consell aumentó el presupuesto (de 419 millones en 2013 se pasaron a 619 en 2016) y lo convirtió en un crédito ampliable de forma que, en la actualidad, las ayudas no acaban cuando se agota el presupuesto. «Y eso que el Estado no cumple -apostilló Oltra- ya que de los 619 millones de 2016 el Gobierno de Rajoy debe pagar la mitad pero solo ha aportado 80 millones».
Sin embargo, la resolución de expedientes, la suma de usuarios y la reducción de las listas de espera está unida a un aumento en las valoraciones al municipalizar el sistema. En la anterior legislatura eran 18 las personas (de una empresa) que realizaban esta función.
Oltra, sin embargo, trasladó esta función a los trabajadores sociales de los municipios lo que ha supuesto pasar de 18 a 450 profesionales para realizar esa misma tarea. Además, la Comunitat Valenciana ha pasado de tener 145 municipios con puntos de valoración y atención a la dependencia a 243.
Para Mónica Oltra, las cifras presentadas son un reflejo «de las prioridades de este Consell que, desde luego, no eran las del PP que dejó en la estacada a miles de personas cuando más ayuda necesitaban. Nosotros queríamos rescatar personas. Y eso hacemos».
