Un menor número de profesores que sean funcionarios, más flexibilidad en las políticas de contratación docente y una mayor proporción de perfiles externos a la universidad dentro los órganos de gobierno. Estas son, en suma, las líneas de mejora principales para las universidades públicas españolas que se plantean en el último informe de la Cámara de Comercio de España, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y la Conferencia de Consejos Sociales. Tomando como base las reformas emprendidas durante décadas en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, los expertos realizan un repaso de las experiencias de éxito en otros modelos de gobernanza, sistemas de financiación y políticas de personas desarrolladas en otras instituciones académicas europeas.
Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con el salto de estatus del personal universitario, que pasa de funcionario público a personal laboral. Las seis regiones analizadas en el informe «La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos» sirven como ejemplo, según los expertos, de que no hace falta ser funcionario para trabajar en una universidad pública. Todos los modelos coinciden, aunque con matices, en políticas de captación de profesorado más flexibles a la vigente en España donde, hay quienes incluso pagan complementos salariales para atraer a investigadores de fuera, como en Austria.
Los pioneros en la reforma del sistema de contratación en las universidades públicas fueron los daneses. Desde los años setenta ya cuentan con personal académico contratado laboralmente, lo cual permite a cada universidad desarrollar su propia estrategia de gestión de personal. En Finlandia se circunscriben al modelo «tenure track», que consiste en un contrato temporal de cinco años con una evaluación final que, de ser superada, garantiza la estabilización del investigador. Idéntica estrategia siguen en las universidades portuguesas aunque, en este caso, el personal académico existente antes de la conversión, en 2007, de las instituciones académicas en fundaciones, sigue siendo funcionario público. En el país vecino también se trasfirieron a las universidades las competencias sobre la propiedad de los terrenos y los edificios de los campus.
Para alivio de muchos, ante la posibilidad de que en adelante las instituciones académicas dispongan de autonomía suficiente para incorporar o expulsar docentes, cabe precisar que se contemplan restricciones a este extremo. Tanto Francia como Portugal tienen fuertemente regulados los despidos y el Gobierno impone cuotas de promoción para el personal docente e investigador (PDI). Mayor flexibilidad presenta el sistema de financiación.
En sucesivas reformas orientadas a un nuevo modelo de gobernanza se introdujo en varias regiones europeas la posibilidad de aumentar la captación de fondos públicos de las universidades en base al cumplimiento de una serie de objetivos. Las universidades danesas reciben más fondos cuanto mejores resultados académicos obtengan sus alumnos. En Francia, entre un 5 y un 10% del presupuesto tiene que ver con el cumplimiento de objetivos.
Por otra parte, en Finlandia existe un acuerdo de financiación por objetivos que se renueva cada cuatro años. A él se vincula un 10% del conjunto del presupuesto de la universidad. Además, para aumentar su visibilidad internacional los daneses optaron por un modelo de fusiones, incentivado por el gobierno, para reducir drásticamente el número de universidades y centros de investigación, pasando de 12 universidades y 13 institutos de investigación a 8 y 3, respectivamente. Dicha estrategia se concibió como un proceso voluntario que repitieron también en Finlandia y Francia. Se sugiere igualmente en el informe la posibilidad de adoptar el modelo portugués donde también se registró una iniciativa para promover fusiones cuyo resultado fue la creación de un consorcio con solo tres universidades de la región norte. Austria optó, en cambio, por la estrategia de segregar las facultades de Medicina de las universidades generales.
