El regreso del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) al sistema «público» de asistencia sanitaria está cada vez más cerca. La Conselleria de Sanidad ya ha dado el primer paso para volver a firmar un convenio de colaboración con esta fundación privada sin ánimo de lucro que opera desde principios de año de forma separada a la red valenciana, algo inédito en los 41 años de vida de la fundación.
Así, la Conselleria de Sanidad acaba de adjudicar provisionalmente al IVO el servicio de asistencia integral oncológica que Sanidad sacó a concurso por la vía de acción concertada. Fuentes de la administración confirmaron a este diario que la decisión se tomó el pasado 4 de agosto y que, ahora, el proceso administrativo seguía abierto mientras se requería a la empresa la «acreditación de la documentación» necesaria.
De formalizarse el contrato durante el próximo mes de septiembre, el IVO se encargará de atender a unos 30.000 pacientes oncológicos al año por un presupuesto estimado de 53,78 millones de euros al año, según marcó la conselleria en los pliegos. Todos llegarían derivados desde la sanidad pública.
En teoría, este concurso busca renovar el concierto que había hasta ahora pero bajo el paraguas de la «acción concertada», una nueva forma jurídica de relación entre la administración y las entidades sin ánimo de lucro y que traslada una directiva europea. En la práctica, sin embargo, el que el IVO se haya tenido que presentar a este concurso para seguir recibiendo pacientes oncológicos de la pública supone aceptar ciertas condiciones que, hasta ahora, ninguna administración le había impuesto.
La principal es perder la posibilidad de tratar a los pacientes «públicos» que entren por la puerta del centro de Beltrán Báguena, siempre que no hayan sido derivados, primero, por médicos de la sanidad valenciana. Esta ruptura (que se lleva aplicando desde principios de año atendiendo a la reforma de la ley de libre elección que se hizo en 2015 bajo gobierno del PP) ha supuesto una merma en las cifras de pacientes atendidos por el instituto y supondrá depender en exclusiva de los pacientes derivados por Sanidad, 30.000 al año según las previsiones de la administración.
Valoración de las mejoras
De hecho y para «esquivar» esta situación el IVO incluyó en su oferta (que presentaron el último día de plazo) una «mejora» al respecto: facilitar que los pacientes pudieran seguir acudiendo motu proprio asumiendo la fundación privada los trámites de la derivación desde la pública. Ni desde el IVO -que tiene al frente desde el pasado mes de julio al exconseller de Sanidad del PP, Manuel Llombart- ni desde la administración sanitaria han querido avanzar si, por el momento, esta posibilidad se aceptará o no.
Además, el concierto implica toda una serie de prerrogativas a cumplir. Desde tiempos de atención máximos a equipamiento a disposición de los pacientes y la obligación de que los pacientes oncológicos «retornen» al sistema público a los 5 años «libres de la enfermedad», una manera de evitar la fidelización por la que muchas personas seguían siendo atendidas en el IVO de otras patologías una vez superado el cáncer pese a que los mismos servicios se podían recibir directamente en la red pública.
El no cumplimiento de las condiciones del contrato puede implicar, incluso, sanciones por parte de la administración que dirige Carmen Montón.
