Las posiciones del Partido Popular, imputado como persona jurídica por el presunto pitufeo supuestamente cometido por el medio centenar de ediles, exconcejales y asesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València se distancian cada vez más, tras dieciocho meses de instrucción. Una distancia que, en el día a día de la investigación de esta pieza del Caso Taula, se traduce en contradicciones y desmentidos ante el juez entre las defensas del Partido Popular como persona jurídica y algunos de los investigados, como se ha visto en algunas declaraciones.

Una realidad que también se refleja en uno de los últimos autos dictados por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, y notificado esta semana a las partes. La exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster pretendía que un economista compareciera como perito en la causa para examinar las facturas de las campañas electorales que se investigan. Una petición que rechaza el juez del Caso Taula porque «el saber pericial de un economista contable no es el de determinar dónde se han generado los gastos o prestado los servicios contemplados en una factura». En realidad, el magistrado argumenta que lo quiere indagar es si los gastos electorales pagados de forma irregular se comunicaron o no al partido. Y en este punto es donde difieren ambas partes de las acusaciones.

«Existen en la causa facturas por servicios prestados, así como cargos contables tanto en la cuenta electoral del Partido Popular como en la cuenta abierta a nombre del Grupo municipal popular del Ayuntamiento de València», relata el magistrado. «Los gastos electorales -continúa- legalmente sólo pueden imputarse a la cuenta electoral del Partido Popular, aunque constan cargos por servicios electorales que fueron atendidos, indebidamente, con cargo a la cuenta del grupo municipal». El PP, investigado como persona jurídica en el Caso Taula «alega el desconocimiento de tales gastos y facturas», resume el juez. La investigada García-Fuster «alega lo contrario, que los gastos se comunicaron y se remitieron las facturas, al partido. Y éste es «el punto importante» para el juez. «Si se comunicaron o no».