09 de septiembre de 2017
09.09.2017
Caso Taula

La Guardia Civil detecta pagos con fondos públicos a 'la Gürtel' de Rita desde 2004 orquestados por Grau

Las deudas de la campaña electoral de 2007, que superaron los 2 millones de euros, se pagaron con billetes de 500 euros - La UCO ve la misma operativa en los comicios de 2007, 2011 y 2015

09.09.2017 | 00:21
Alfonso Grau y Rita Barberá, en el Ayuntamiento de València, el día que el vicealcalde dimitió.

El Partido Popular de València creó su propia «trama Gürtel» para financiar los gastos electorales de forma irregular y concurrir dopado a las elecciones de 2007, con la ayuda de fondos públicos, aportaciones monetarias de las concesionarias del Ayuntamiento de València y «elevadas sumas» de dinero en negro materializado en billetes de 500 euros, según constata la Guardia Civil en el último informe aportado al Caso Taula.
Los protagonistas principales de esta trama surgida al hilo de la investigación del presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) en las elecciones de 2015 son el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y la empresa Laterne Product Council SL, con el empresario ya fallecido, Vicente Sáez Tormo, al frente.

Grau fue, según la Guardia Civil, el director de orquesta para «la obtención de los fondos» de forma irregular y para decidir hasta el más nimio detalle de la campaña de 2007 en la que el PP, con Rita Barberá como cabeza de cartel, alcanzó su techo electoral.

Laterne Product Council SL fue al PP de Valencia lo que Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana: la hacedora de la campaña electoral de 2007 en la que el PP gastó de forma ilegal 2,5 millones de euros para llevar a todos los rincones de la ciudad la imagen de Rita Barberá y su discurso electoral. Oficialmente sólo declaró haber gastado 150.000 euros aquel año. El PP en toda la provincia de Valencia gastó 133.762.76 euros en aquellos comicios. Laterne y Grau habrían consumado una alianza para «alcanzar el objetivo de financiar de forma irregular los trabajos de las elecciones municipales de 2007, velando el origen de los fondos, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se supere el techo de gasto sin reflejo en la contabilidad electoral», según la Guardia Civil.

Aunque la relación entre Laterne Product Council SL y el Ayuntamiento de València no se limita al año electoral. La Guardia Civil ha detectado pagos que superan el millón de euros a la empresa fetiche del PP de València de 2004 a 2006 a través de cinco instituciones públicas: Feria València, Turismo València Convention Boureau (TVCB), Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), la Fundación Valenciana de la Calidad y Fivec (Fundación para la innovación urbana y la economía del conocimiento).

Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) sospechan que el grueso de esta facturación se falseó (como supuestamente hicieron las empresas de la trama Gürtel con el PPCV) para obtener una de las vías de financiación fraudulenta, ya que Laterne habría facturado por trabajos inexistentes a las anteriores instituciones. Aunque en otros casos los trabajos eran reales, pero de factura suculenta, como la minuta de 5.000 euros mensuales que Laterne pasaba al cobro a Feria València por los servicios de «asesoramiento de comunicación, relaciones con la prensa, telegenia y evaluación de presencia en medios de comunicación», entre otros.

La segunda vía de financiación, ya conocida, fueron los 2,6 millones en «aportaciones» o falsos trabajos que contrataron con Laterne 13 concesionarias o empresas contratistas del Ayuntamiento de València. De esta manera, mercantiles como Agricultores de la Vega, Secopsa, Pavasal, Lubasa (que ha admitido haber financiado ilegalmente al PPCV en la Audiencia Nacional), Rover Alcisa, FCC, Urbana Ducat, PKL Real State, Nou Litoral, Construcciones Luján (investigada en otra pieza del Caso Taula por el pago de comisiones), Viviendas Edival, Ágora Patrimonial e Inmotec abonaron una especie de impuesto revolucionario municipal que se destinó a «pagar de manera efectiva gastos propios del partido, velando su identidad de manera buscada, todo ello perfeccionado hasta el punto de permanecer oculto a los órganos fiscalizadores».
Por último, la tercera vía de financiación de esta trama aporta el detalle de novela negra a esta rocambolesca historia. A pesar del dinero recaudado, en 2008 quedaban facturas pendientes de la campaña electoral. Alfonso Grau entregó 700 billetes de 500 euros a su asesor, Jesús Gordillo (testigo en esta causa y quien conservaba la documentación que ha permitido abrir esta vía de investigación) para que saldara la deuda con los distintos proveedores.

La Guardia Civil considera en su informe que esta operativa de financiación ilegal se habría repetido en los comicios de 2011 y 2015 por lo que los hechos investigados constituirían un posible «delito electoral continuado».

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