Entre los personajes secundarios pero con fuerte protagonismo del Caso Laterne, apéndice del Caso Taula, se encuentra José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa, Rita Barberá, y abogado de Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal investigada por el presunto blanqueo de capitales y un supuesto delito electoral. Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han constatado la estrecha relación entre Corbín y la empresa Laterne Product Council SL desde el año 2004 hasta la desaparición de la mercantil.
El abogado fue el asesor jurídico para la creación de la empresa Product Management Council SL (PMC), que nunca llegó a tener trabajadores, pero que se constituyó el 14 de diciembre de 2007 para «dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad». Aunque según la declaración del testigo Jesús Gordillo, «la verdadera finalidad de PMC era la de concurrir conjuntamente a licitaciones públicas y así repartirse el mercado».
En esta aventura empresarial, que nunca llegó a fructificar en un proyecto concreto y ni siquiera concurrió a ninguna licitación, se embarcaron algunas contratistas del Ayuntamiento de València como Agricultores de la Vega, Lubasa, previo pago de 150.000 euros. Corbín era el asesor jurídico de PMC por lo que se encargó de «la parte jurídica del proyecto y de redactar el contrato que Laterne Product Council SL firmó con las empresas interesadas en formar parte de PMC. La minuta de Corbín con Laterne ascendía a 3.000 euros mensuales por todos estos trabajos.
La creación de PMC se gestó en reuniones en despachos y hoteles entre el propietario de Laterne, representantes de las contratistas y Corbín como asesor jurídico, a las que también asistía el entonces vicealcalde, Alfonso Grau, según han relatado como testigos varios extrabajadores de Laterne ante los agentes de la Guardia Civil.
