El todopoderoso exvicealcalde de València, Alfonso Grau, creía haber esquivado las salpicaduras del pitufeo que se investiga en el Caso Taula, tras su abrupta salida del ayuntamiento en 2015 por su implicación en el Caso Nóos en el que acabó absuelto. Pero ha acabado completamente embarrado por el supuesto delito electoral continuado entre 2007 y 2015 que investiga la Guardia Civil.

En su primera declaración como investigado en esta causa (en la que inicialmente se le consideró testigo) intentó desmarcarse de las decisiones que se adoptaban en el partido y en las campañas electorales.

El 19 de septiembre de 2016 se desmarcó en su declaración ante el juez de la gestión realizada por la secretaria del grupo municipal y «cajera del PP» de València, Mari Carmen García-Fuster, respecto a las donaciones anónimas y la cuenta opaca al Tribunal de Cuentas que se investigan en la pieza separada que intenta probar el presunto blanqueo de capitales y el delito electoral cometidos por el PP de València. Grau, señalado por García-Fuster como el responsable de la campaña electoral municipal de 2011 (entonces aún no se investigaba la de 2007), únicamente se limitó a recordar que su función era redactar el programa electoral y que bajo su responsabilidad directa no se encontraba el pago de los gastos electorales.

Las investigaciones posteriores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València han acabado por desmentirlo. El último informe aportado al Caso Taula centrado en la campaña electoral de 2007 revela «el elevado grado de supervisión de los trabajos para la campaña por parte de Alfonso Grau». Como ayer informó Levante-EMV, la campaña electoral del PP de València en 2007 se contrató con la empresa de comunicación Laterne Product Council por un precio «oficial» de 150.000 euros, aunque acabó costando más de dos millones de euros. «Parecía que no querían escatimar en medios a fin de ganar», declaró una trabajadora de Laterne a la Guardia Civil. La campaña electoral de 2007 era decisiva para el PP de València y de la Comunitat Valenciana tras la criticada gestión que realizaron del accidente del metro de València del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas.

De hecho, los trabajos preparatorios de la campaña electoral de 2007 se iniciaron «un año antes para asegurar los recursos económicos necesarios» y «ya se mantenían reuniones con Alfonso Grau, en el que se manejaba un presupuesto superior a un millón de euros, que iba aumentando en las sucesivas reuniones tanto a propuesta de Vicente Sáez Tormo (propietario de Laterne, ya fallecido) como de Alfonso Grau». Cabe recordar que el PP de València sólo declaró haber gastado 150.000 euros en los comicios de 2007 y que el presupuesto del PP para toda la provincia no superó la cifra oficial de 133.762 euros.

Una vez metidos en campaña, el control del exvicealcalde era absoluto. «Alfonso Grau, además de ser quien habría gestionado la contratación de la empresa Laterne Product Council, se habría implicado personalmente en planificar y controlar los trabajos que se realizaron con motivo de las elecciones municipales del año 2007». Hasta cinco antiguos trabajadores de Laterne han confirmado a la Guardia Civil que Grau «siempre era el interlocutor por parte del ayuntamiento, aparecía frecuentemente por las oficinas de Laterne, llegando incluso a ir a algunos eventos a supervisarlos». De hecho, añaden los testigos, «acudía a las oficinas dos o tres veces por semana».

Otro trabajador apuntala con mucho más detalle el grado de implicación de Grau. Aporta a la causa el acta de una reunión con el exvicealcalde, el 7 de mayo de 2007, en el que «queda patente el grado de supervisión realizado por Alfonso Grau», señala la Guardia Civil. «AG [en referencia a Grau] pide que le quitemos sombra del pelo a Rita». O bien, «AG quiere que las lonas de la unidad móvil se estructure en: 1 tradicional de RB [iniciales de Rita Barberá]. La otra con imágenes de la ciudad de cosas hechas por RB (a ser posible en estos últimos cuatro años)». Durante la preparación del vídeo electoral con la exalcaldesa como protagonista absoluta, Grau también decide qué imágenes incluir. «AG se quedó de la reunión de ayer con RB el vídeo de la ciudad. Lo vio luego en su casa y hoy me ha llamado AG para que pongamos muchas más imágenes de la Marina y menos del río/CAC (?)».

Además de esta dirección «intelectual» de los detalles de la campaña, el exvicealcalde también habría sido el recaudador oficial del PP de València de los más de dos millones de euros gastados en la campaña electoral de 2007 y procedentes, según los indicios recopilados por la Guardia Civil, de organismos oficiales presididos por Grau o en los que tenía poder de decisión (como Feria València o Turismo Valencia Convention Boureau), de la aportación de las grandes contratas del Ayuntamiento de València y de dinero negro materializado en 700 billetes de 500 euros con los que saldó en 2008 las últimas deudas de la campaña de 2007.

Ribó: «Indicios muy claros»

En referencia a ese informe de la Guardia Civil, el alcalde de València, Joan Ribó, indicó que la conclusión es que el PP cometió un «delito continuado elecciones tras elecciones y organizado sistemáticamente». Según Ribó, «esta semana hemos visto cómo los imputados del PP han intentado impedir la investigación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad con el objetivo de que se archivara el caso» y que los indicios de que el PP acudió «dopado» a las elecciones son «muy claros».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en València, Fernando Giner, dijo ayer que «el pitufeo con 20 implicados se ha convertido en una trama de millones de euros» y que «cada vez el caso es más grave».