El cierre de la Ciutat de la Justicia tras el incendio del pasado domingo, sin fecha clara de apertura, deja un mínimo de 8.000 gestiones judiciales diarias en el aire. Unas molestias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va a intentar paliar con la suspensión de «todas las actuaciones, vistas y demás actos judiciales» que cada día acoge el edificio. A efectos legales, desde la medianoche del domingo al lunes hasta que se reabra la Ciutat de la Justicia se considerarán días inhábiles («como si fuera domingo», explicaba ayer la Guardia Civil) por lo que los plazos procesales no contabilizarán.
Otra cuestión será cuándo pueden realizarse todos los juicios señalados que no han podido realizarse. Sólo los juzgados de lo social acogen una docena de vistas al día. También ayer iba a celebrarse el primer juicio por las clausulas suelo, que quedó suspendido como el resto de vistas.
Sólo funcionarán diariamente los juzgados de guardia (tanto los de instrucción como los de violencia sobre la mujer). Al estar ubicados en el extremo contrario del mastodóntico edificio de la Ciutat de la Justicia, la afección por el humo del fuego declarado al mediodía del domingo fue menor. Aunque tras el incendio fueron desalojados y, quien podía, trabajaba con la ventana abierta.
La pregunta del millón es cuando podrá reabrirse la Ciutat de la Justicia. Tanto la Conselleria de Justicia como el TSJCV han decidido esperar a recibir los informes del Cuerpo de Bomberos de València y del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat). Ambos organismos deben certificar si la estructura del edificio se ha visto o no afectada en la zona del incendio y si la calidad del aire en el interior de la Ciutat de la Justicia es la adecuada para albergar al millar de funcionarios que trabajan en el edificio diseñado por el arquitecto Alfredo Batuecas.
Según fuentes de la Conselleria de Justicia, el Invassat constata en su informe que en el edificio de 114.000 metros cuadrados repartidos en cinco pisos sobre el suelo y dos sótanos «aún se percibe un (fuerte) olor» a quemado, que veinticuatro horas después aún se olía desde el exterior, a pesar de que la ventilación del edificio se inició el mismo domingo, por indicación de los bomberos.
De ahí que ayer se impidiera el acceso a todos los funcionarios para evitar que respiraran el humo «con posibles elementos tóxicos». A todos menos al personal de limpieza, quien ya intervino el domingo por la noche para limpiar las zonas más alejadas afectadas solo por el humo. La zona cero, donde la policía científica investiga el origen del incendio -causado indiciariamente por una sobrecarga eléctrica- se ha acotado «y no se puede intervenir», explicó ayer la consellera, Gabriela Bravo. La policía ha determinado el foco -el área de trabajo de los funcionarios del juzgado número 3-, pero proseguirá hoy la inspección más minuciosa para establecer el origen.
Respecto al informe de los bomberos, detalla la intervención realizada para sofocar el fuego, que quedó extinguido en dos horas (se declaró alrededor de las 12.00 horas y se consideró extinguido a las 14.00 horas).
A lo largo de la jornada de hoy se realizarán «mediciones de la calidad del aire» para decidir si los funcionarios de la Ciutat de la Justicia pueden volver a sus puestos de trabajo. Más complicado lo tendrán los trabajadores de los juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4, los más afectados por el incendio y el humo.
El fuego se inició en el Juzgado de Primera Instancia número 3 donde «los expedientes apilados sobre paredes, armarios y mesas» hicieron de «combustible», según advierten los bomberos. La Conselleria adjudicó ayer a la empresa Bertolín SAU los trabajos para reubicar los cuatro juzgados más afectados en un espacio diáfano de la segunda planta que no se ha visto tan afectada por el humo. También se encargará de reparar los desperfectos ocasionados por el fuego.
El decano de los jueces de València, Pedro Viguer, que fue titular durante años del juzgado donde se originó el incendio, aseguraba ayer que «se me ha caído el alma a los pies cuando he visto lo que era mi despacho, lo que era la sala de vistas... Tremendo». Aunque, adelantó, «hay un dato positivo y es que hay menos expedientes afectados de los que yo pensaba y eso nos va a solventar una parte del trabajo de reconstrucción de procedimientos», previsto en la ley de enjuiciamiento civil. A cada uno de estos juzgados les entran «2.000 asuntos por año y esto es un mazazo que les va a afectar enormemente, pero estaremos al lado de los compañeros afectados», aseguró Viguer.
