Como si de pavesas o cenizas se tratara, las consecuencias del incendio que el pasado domingo calcinó cuatro juzgados de Primera Instancia en la Ciudad de la Justicia de València y que ha conllevado la suspensión de la actividad judicial hasta el próximo lunes se han tornado difíciles de cuantificar. Mientras los servicios de limpieza se afanan en retirar los restos de hollín lo más rápido posible, los abogados ven el panorama futuro muy negro.

«¿Cuándo van a empezar los juicios? ¿Estará el expediente o se habrá quemado? ¿Continuará el proceso? ¿Cuando me van a señalar -reubicar en la agenda- el juicio suspendido?», se pregunta Ester Sanchis, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de València. A la institución le preocupa la gestión que se está haciendo del incidente, ya que, como advierten, «se ha paralizado la justicia y no sabemos cómo se va a retomar la actividad», señaló Sanchis.

Para los abogados valencianos, está siendo «un caos» y ha habido «falta de información y comunicación» por parte de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo. También entienden que hubo «precipitación» cuando el martes se decidió que al día siguiente se retomaba la actividad en el complejo judicial situado en la avenida profesor López Piñero.

Ese mismo miércoles por la mañana se atendieron hasta a 35 funcionarios aquejados de diversas molestias relacionadas con el aparato respiratorio y la visión. La consellera explicó por la mañana que los informes del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Invassat) avalaban la vuelta a sus puestos de los empleados públicos del edificio, pero a la vista de las incidencias, anunció que se repetirían los exámenes para establecer «con más detalle» si se ponía en riesgo la salud de los trabajadores.

En el segundo informe los técnicos confirman que en las alas sur y este del complejo -denominadas pastillas B y C- que no se vieron afectadas por el incendio del pasado domingo «no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral en dichos espacios». Recomienda, eso sí, «efectuar una limpieza exhaustiva, en húmedo y aspiración en caso necesario, de todas y cada una de las dependencias, a fin de retirar todo el hollín que pueda haberse depositado tras el incendio».

Sin embargo, tras la reunión mantenida ayer en la sala de gobierno del TSJ se acordó mantener la «inhabilidad de plazos y actos judiciales hasta lunes en tanto no quede garantizada la seguridad de trabajadores y usuarios», aunque los registro y la guardia continúan operativos.

Esta sala pidió a la conselleria que les informe de «el fin de las actuaciones recomendadas para garantizar seguridad y salubridad». Ahora, los más de 120 jueces, pero sobre todo, los secretarios judiciales, serán los que tengan que reorganizar las agendas y los juicios.