Para la Unión de Consumidores de la C. Valenciana la prioridad se centra en conocer con exactitud por qué no sonaron las alarmas de la Ciudad de la Justicia, depurar responsabilidades y establecer una serie de medidas o soluciones para que perjuicio a los usuarios sea el menor posible, tras una semana con los juzgados cerrados.
«Tras este triste acontecimiento nos reafirmamos en que hacen falta más controles. ¿Qué hubiera pasado si el incendio se produce un día en plena ebullición de los juzgados? Por ello, le pedimos a la Administración algún tipo de explicación sobre las alarmas y lo que ocurrirá cuando se reanude la actividad porque si ya hay colapso en temas como la cláusula suelo, las consecuencias pueden ser terribles para los usuarios. Solo en ese tema hay miles de denuncias y un juzgado dedicado en exclusiva a ello que, antes del incendio, ya estaba saturado», explica el secretario de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada.
Ahora bien, Inglada teme que los responsables «se pasen la pelota». «Lo que no queremos es que el actual Consell le eche la culpa al anterior porque fue quien construyó el edificio y que el PP culpe ahora al actual Consell porque es quien se encarga del mantenimiento. Que abran una investigación, que corroboren dónde ha estado el fallo y que actúen en consecuencia. Queremos que haya un servicio eficaz de la justicia y que las instalaciones sean lo mas dignas posible. Que se pongan ya manos a la obra».
Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana entienden el cierre de los juzgados pero exigen soluciones para que «el resto de casos -que no incluye los juzgados de guardia o los de violencia machista- no se vean aún más saturados tras una semana sin actividad.
De hecho apoyamos las reivindicaciones que plantean una huelga de los jueces ante la falta de medios». Es más, Inglada afirma que ya en una encuesta sobre la satisfacción de los consumidores en enero mostraba que el 97% reivindicaba «la necesidad de dotar de más recursos a los juzgados». mónica ros valència
