El próximo 31 de marzo de 2018 se extinguirá el contrato entre la Generalitat y Ribera Salud. El fin de la concesión sanitaria del hospital de Alzira conllevará, entre otros cambios, la expropiación de distintas parcelas colindantes al centro, según ha incluido el Consell en la ley de acompañamiento de los presupuestos, ahora en exposición pública.
Se trata de parte del aparcamiento del centro hospitalario, que actualmente es de titularidad compartida entre la Administración pública y la empresa que gestiona el párking. El objetivo es que cuando el día 1 de abril del año que viene el recinto sanitario pase a manos públicas, lo haga al 100 % para garantizar la
prestación de los servicios a los usuarios, explicaron fuentes de la conselleria consultadas.
Además del aparcamiento, también se procederá a la expropiación «forzosa», según reza el anteproyecto de ley, de otros terrenos adyacentes al hospital. Uno de ellos pertenece a la Diputación de València, el otro es un vial del Ayuntamiento de Alzira y el tercero, una parcela de propiedad privada calificada como suelo dotacional público sanitario (de manera que el propietario no puede utilizarlo para otro fin).
Como detallaron las mismas fuentes, la expropiación se realizará a través de un procedimiento ordinario en el que se hará un justiprecio a los afectados, que podrán recurrir en caso de no estar conforme.
En la mencionada fecha de extinción del contrato, los trabajadores del hospital de Alzira pasarán a ser empleados de la conselleria, como había anunciado el Gobierno valenciano y como recoge ahora la ley de acompañamiento. «El personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal», explica.
En el anteproyecto de la norma se recoge además, entre otros puntos, la creación del banco público de la Generalitat. Se hará a través de una modificación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en concreto, el área relativa a la actividad crediticia e inversiones, entendida esta como apoyo a los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, se configurará como el nuevo banco público; mientras que las funciones y competencias en materia de política financiera y tesoro, certificación y firma electrónica pasan a integrarse en la Generalitat.
La ley también establece que el Consell podrá aceptar el pago en especie para la extinción de deudas contraídas por entidades del sector público instrumental con la Administración valenciana. Es decir, las empresas públicas podrán dar inmuebles para condonar sus deudas públicas.
El anteproyecto, ahora en trámite de exposición pública, contempla también la delegación de competencias a las entidades locales para que lleven adelante los planes de construcción de colegios y eliminación de los barracones, tal como anunció el presidente de la Generalitat durante su discurso del pasado miércoles. Por otra parte, el Consell da más facilidades para beneficiarse de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual. Hasta ahora los inquilinos estaban a expensas de que los propietarios pagaran una fianza, ahora se elimina ese trámite.
