El debate valenciano de política general no es como el del estado de la nación. Aquí, como si de un combate de boxeo a los puntos se tratara, no se pregunta quién ha ganado al terminar el primer intercambio de golpes desde la tribuna, una respuesta que nunca es blanca: siempre se contesta desde una ideología o, al menos, una simpatía ya adquirida.
Ximo Puig no es el mejor orador, no es sorpresa (se ha superado en capacidad de aburrimiento, le abofeteó de entrada la contrincante Isabel Bonig), pero este año acudió con una bolsa mayor de anuncios de proyectos, entre ellos posiblemente el plan más ambicioso de la legislatura (dejemos al margen decisiones cargadas de simbolismo progresista como la recuperación de la sanidad universal): la construcción de 200 colegios y la reforma de otros quinientos. Setecientos millones en total de fondos propios (el Banco Europeo de Inversiones ya ha advertido que a él no le busquen mientras no acaben el plan que ya financió al PP y que está sin acabar) que encajan en el refrán aquel de hacer de la necesidad, virtud.
El proyecto implica asumir el fracaso del mapa de construcciones educativas de 2016, pero también se puede interpretar como una respuesta rápida ante los problemas detectados y no previstos antes. Y que se resumen en uno: que no hay aparato administrativo para tramitar tantos proyectos en cola. La manera de salvar el embudo burocrático es pasar la pelota de los papeles a los ayuntamientos. Que ellos se ocupen de proyectar, licitar y vigilar la construcción y la Generalitat se hará cargo de la factura. Paga con palo y zanahoria: si el municipio se pasa y cae en los sobrecostes que han llevado a los gestores de la Ciegsa del PP ante los jueces (por si no eran solo sobrecostes), tendrá que comérselos; si gasta menos de lo proyectado, podrá quedarse las vueltas siempre que las invierta en otras obras educativas. Si el plan tampoco funciona, el Consell del cambio llegará a las elecciones de 2019 sin haber cumplido con la prometida eliminación de barracones y tendrá que bajar la cerviz ante la comunidad educativa. La sintonía personal entre Puig y el conseller Vicent Marzà poco servirá en esa tesitura.
Bonig pareció que subía al estrado después de haber escrito cien veces en la pizarra «No volveré a ser faltona» e intentó contener la vehemencia natural y mostrar un tono más comedido. Se fue soltando a medida que los suyos coreaban su enumeración de promesas incumplidas del Botànic (aseguran que fue un brillante ejercicio de improvisación) y se desató en la réplica, que remató desempolvando del armario de los dibujos animados de ACME (Argumentos sobre Cataluña Muy Eficaces) el espantajo raído de los Països Catalans. «No venda la Comunitat Valenciana a Cataluña y a los nacionalistas independentistas de Compromís», le espetó a Puig, que le recetó la lectura de Contra el fanatismo.
Mónica Oltra aguantó en silencio más impasible que nunca. Los inconvenientes de ser vicepresidenta en un gobierno bipartito los palió a través de Twitter. Mientras Bonig hablaba de una deuda pública al alza de 4.000 millones, ella respondía en la red con un mosaico de noticias sobre multas, agujeros y fiascos económicos de los gobiernos Camps y Fabra que ha tenido que asumir el Botànic.
A los socios, por cierto, se les empieza a notar inquietud preelectoral de largo alcance. En otras palabras, que empiezan a marcar posiciones en asuntos sensibles. Los socialistas andan con la mosca detrás de la oreja por el calentamiento previo al debate sobre la tasa turística y la posterior alianza de los amigos del Consell con Podemos. Dicen que no hay estudios en profundidad realizados. A última hora de la noche en el Palau estaban decididos a votar en contra para tumbar la propuesta, pese a que el PSPV había anunciado antes que se abstendría. Al final, pesó la palabra del portavoz Mata, no hubo cambio de voto y la resolución salió adelante. Con la resaca generada y el PP cargando ya la artillería pesada.
Antonio Estañ debutó como portavoz de Podemos con un discurso solvente en el que fue al fondo de la cuestión: si hay cambio de modelo económico y de gestión o no después de dos años de govern. Como partido radical, eso exige. Y rápido.
Mª Carmen Sánchez (Ciudadanos) se encontró en las mismas circunstancias. Empezó nerviosa y algo se fue serenando después del alarde en pronunciación de inglés. Más allá de tonos y verbos, el partido naranja ha asentado una posición tras la fuga del grupo de Alexis Marí: coincide con los populares en las diatribas (y prejuicios) contra el plurilingüismo de Marzà y en situar a Compromís en una conspiranoia independentista; en casi todo lo demás (a diferencia del PP) pacta con el Botànic sin complejos.
Al margen de anuncios, promesas, frases ingeniosas y encontronazos verbales, el mensaje de calado constatado en este debate ha sido la fractura en la unidad de acción por una mejor financiación y un aumento de las inversiones del Estado. La Bonig que en abril pasado firmaba con el resto de grupos el rechazo «absoluto» a los presupuestos de Montoro de 2017 (los que sitúan al territorio valenciano a la cola en inversiones) queda lejos. Génova ya le ha leído la cartilla: no es partido de versos sueltos, sino de orden. Así que nada de montar pollos para reclamar cuando el que gobierna en Madrid es el jefe Rajoy. Porque por mucho que los manifiestos quieran ser blancos, las protestas siempre son contra alguien, el que manda habitualmente. Y sin unidad, el mensaje se debilita (los empresarios han encontrado el gancho perfecto para desmarcarse) y pierde visibilidad. Conclusión: Rajoy gana el debate. Y lo peor es la sospecha de que cualquier otro partido actuaría igual si los suyos estuvieran en la Moncloa. Al menos somos nacionalidad histórica. Eso dice el Estatut.
